Un problema creciente en Puebla y en gran parte de las entidades del país es la desaparición forzada de personas, principalmente mujeres, y los escasos recursos públicos que se destinan para su búsqueda, localización o identificación en caso de que éstas aparezcan muertas, en avanzado estado de descomposición o cercenadas, es decir sólo partes de sus miembros.
La queja de varias organizaciones, entre ellas La Voz de los Desaparecidos, es que los recursos destinados a la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Puebla no solo son insuficientes, sino que se emplean en acciones y gastos innecesarios o poco efectivos, como la contratación de cursos y vehículos.
El observatorio Con los Ojos Abiertos documentó hace poco que en los dos primeros años de operación de la Comisión de Búsqueda de Personas una tercera parte de su presupuesto anual se ha destinado a labores de capacitación, principalmente a personas que trabajan en los 217 ayuntamientos del estado.
Del presupuesto anual de 2020, que fue de 20. 77 millones de pesos, 6.77 millones se fueron a cursos de capacitación, y en 2021, de los 18.96 millones de pesos, a capacitación se fueron 5.02 millones.
En 2022 el presupuesto anual de la Comisión será de 20.75 millones de pesos, de los cuales 18.86 son aportados por la Federación y el resto por el gobierno del estado. Los recursos estatales se destinan a gasto corriente, es decir al pago de sueldos y salarios de los integrantes de la Comisión.
Este año los cursos no se llevarán una tercera parte del presupuesto, sino 3.89 millones de pesos que equivalen a una quinta parte, pero hay la fundada sospecha de que las capacitaciones —un diplomado en línea de 120 horas sobre investigación de delitos en materia de desaparición de personas, un curso dirigido a los cuerpos policiales de los 217 municipios del estado sobre perspectiva de género en niñas, niños, adolescentes y mujeres, y un curso de la misma materia enfocado al personal de la Comisión de Búsqueda de Personas— son un negocio que involucra a tres funcionarias.
Las implicadas serían la titular de la Comisión, María del Carmen Carabarín Trujillo, la secretaria de Gobernación, Ana Lucía Hill Mayoral, y su coordinadora de asesores, Jogin Elizabeth Abreu Vera, directora general de la empresa Precisa Medición Estratégica SC.
Se sabe que ante las dudas y sospechas de que las capacitaciones son en realidad un negocio, lo mismo que la compra de una lancha equipada (unidad acuática) con fines forenses y la capacitación en buceo de 30 personas por un monto de 10.32 millones de pesos, el subsecretario de Gobernación, Víctor Alejandro Correau Galeazzi, se rehusó a firmar el Proyecto Ejecutivo que autoriza esas compras y contrataciones.
Ante su negativa, el proyecto tuvo que firmarlo la secretaria de Gobernación, Ana Lucía Hill, “por ausencia de Víctor Alejandro Correau Galeazzi, Subsecretario de Desarrollo Político de la Secretaría de Gobernación.
Por esa razón y por un escrito que empleados de la dependencia enviaron hace unos días al gobernador del estado, quejándose de la coordinadora de asesores de Ana Lucía Hill, Jogin Elizabeth Abreu, y de otros empleados de la empresa Precisa Medición Estratégica, es que Barbosa ordenó una auditoría a la Secretaría de Gobernación y a su titular.
En corto
A la lista de 16 aspirantes a presidir el Consejo General del Instituto Electoral del Estado (IEE), en sustitución de Miguel Ángel García Onofre, agregue el nombre de Yesenia Nava Manzano.
Yesenia no pudo presentarse a la evaluación de conocimientos, debido a que por esas fechas fue objeto de una intervención quirúrgica. Pero ya hizo el examen y ahora es la aspirante número cinco con una puntuación de 7.46.
Esta aspirante es, por cierto, hija de la consejera de la Junta Local del Instituto Nacional Electoral (INE), Lucía Manzano Moreno.
Foto: E-consulta.
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La Secretaría de la Función Pública del estado, pero en particular la titular de la Dirección de Atención a a Quejas y Denuncias, Vinissa Morales Mina, viene haciéndose como el Tío Lolo respecto cinco denuncias sobre acoso sexual y cohecho que cinco servidoras adscritas al Centro de Conciliación Laboral presentaron en contra de Huberto Roblero Godínez y su padrino político Eric Cotoñeto Carmona.
La funcionaria dice que las denuncias no pueden ser anónimas y que el expediente que se abrió sobre el caso desapareció a la muerte del subsecretario de la SFP, José Azael Oropeza.
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