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Proponen amparos indirectos contra ley educativa
Por Salvador Ríos
Un despacho de abogados con sede en la Ciudad de México se promociona entre las escuelas particulares de Puebla como especialista en temas que atañen a ese sector en asuntos laborales, administrativos, fiscales, civiles y penales.
Pero de manera particular ofrece sus servicios alentando a enfrentarse por la vía legal a la nueva Ley Educativa del Estado de Puebla impulsada por el gobierno de Luis Miguel Barbosa Huerta y aprobada en fast track por el Congreso del Estado el pasado 15 de mayo, en el día límite para hacerlo.
El despacho Servicios Corporativos Especializados S.C., constituido en 1986, asegura a sus potenciales clientes que dicha ley es “improcedente e infundada” por lo que plantean la realización de amparos indirectos.
“Consideramos que existen medios de defensa como lo es el Amparo, ya que dicha Ley entre esas disposiciones es violatoria a los artículos 1, 3, 5, 14, 16, 17, 31 fracción I, y demás relativos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como también viola lo dispuesto por el Acuerdo que Establece las Bases Mínimas de Información para la Comercialización de los Servicios Educativos que Prestan los Particulares publicado en el Diario Oficial desde el día 10 de marzo de 1992, se viola el artículo 105 de la Nueva Ley de Educación de Puebla así como la Nueva Ley General de Educación publicada en el Diario Oficial el día 30 de septiembre de 2019”, explica en la misiva dirigida a directores de escuelas privadas.
La firma jurídica, cuyo director general es Erwin Otto Fischer Valdés, sostiene que su mecanismo de defensa se basa en que la regulación de las escuelas particulares se rige en el acuerdo de comercialización de servicios de 1992 que es federal, sigue vigente, no se ha revocado ni modificado.
De ahí que, ante la imposibilidad del Estado de brindar los servicios educativos en todos los niveles, continúa el libre comercio sobre los costos de la educación sin que Profeco o la SEP puedan interferir.
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Sin particularizar en nombres, el delegado con funciones de dirigente del PRI, Américo Zúñiga Martínez, acusó que intereses ajenos pretenden afectar el proceso de renovación del Comité Directivo Estatal al referirse a una campaña negativa en contra de uno de los aspirantes.
Se refería a una campaña en contra del aspirante Nestor Camarillo Medina que se difundió por correos electrónicos y mensajes de whatsapp en los que señalan que como presidente municipal de Quecholac, desvió 50 millones de pesos, que sería fácilmente doblegado por sus cuentas públicas, que no sería viable como oposición hacia el gobierno de Miguel Barbosa, además de que es apoyado por el diputado Javier Casique y el expresidente municipal Enrique Doger.
En el mismo partido creen que el artífice de esta campaña de denostación es Jorge Estefan Chidiac, quien estaría buscando, de último momento, que Karina Romero, hija de la expresidenta municipal Blanca Alcalá, llegue a la dirigencia tricolor.
Hasta la próxima.
