Una Prestigiada Fundación Defenderá a la Víctima de una Violación Tumultuaria

Por Mario Alberto Mejía

La Quinta Columna

En este país las mujeres violadas se vuelven invisibles.

Incluso hay casos en los que llegan a ser señaladas de por vida, generalmente en el peor de los sentidos.

Una mujer violada se convierte, en ocasiones, en un lastre para la familia.

En motivo de vergüenza.

La primera descalificación que hacen de ella es que tiene problemas psiquiátricos.

Las mujeres violadas se devalúan ante la sociedad.

¿Qué clase de seres humanos somos que segregamos a las víctimas?

¿Alguien lo puede entender?

¿Qué clase de sociedad hemos formado?

Una vez que la semana pasada divulgué algunos aspectos de la historia de una violación tumultuaria, ocurrida en un hotel cinco estrellas de Puebla, hubo reacciones de todo tipo.

La mayor parte, debo decirlo, fueron expresiones solidarias, cargadas de apoyo para la víctima.

Incluso, miembros de una prestigiada fundación —orientada a auxiliar a quienes no son sujetos de un debido proceso— se acercaron para ofrecerle a la multicitada víctima no sólo su solidaridad, sino la cobertura jurídica necesaria para que —ahora sí— se haga justicia y que los delincuentes sexuales que participaron en la trama no queden impunes.

Cuando todo un aparato de justicia se mueve en contra de una víctima, algo estamos haciendo mal.

El delito de violación se persigue de oficio.

El caso que nos ocupa, paradójicamente, se congeló de oficio.

La víctima fue revictimizada por los empleados de una Fiscalía que tenía como fin obstruir precisamente la justicia.

Una mano poderosa se puso del lado de los victimarios y evitó que se le diera trámite a la denuncia.

Así como en el hotel cinco estrellas una mujer fue violada tumultuariamente a finales de octubre de 2017, los siguientes días ella volvió a ser víctima de otra violación tumultuaria pero ahora en un órgano de justicia.

Una violación sincronizada de sus derechos más elementales.

Trampas Mortales en Contra de un Alcalde. Luego de que se hicieran públicas las denuncias del mal uso de las despensas enviadas a Huauchinango por el gobierno del estado para paliar la crisis generada por el coronavirus, dos funcionarios menores pretendieron que el alcalde.

Gustavo Vargas Cabrera firmara como responsable de las acciones generadas y promovidas por Gregorio Marroquín, delegado en el municipio de la Secretaría de Gobernación.

Es decir: Goyo primero mató a la vaca y luego funcionarios de Gobernación y Desarrollo Rural pretendieron que el alcalde Huauchinango se hiciera responsable de los hechos.

La carta responsiva que buscaban que firmara planteaba que él sería responsable de los 7 mil 14 Paquetes Integrales Alimentarios e Higiénicos relativos al Programa Especial y Emergente Alimentario “Puebla Contigo”.

En dicho oficio quedaba muy claro que Vargas Cabrera sería responsable de “los actos por el mal uso de las entrega de los paquetes”.

Más adelante se lee que el alcalde se compromete a no realizar “ningún acto fraudulento o ilícito” so pena de que se generen denuncias de orden penal.

Lo que queda claro es que esos dos funcionarios menores buscaban tenderle una trampa a Vargas Cabrera.