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Dejó Carlos Martínez sumido al Cobaep en la ingobernabilidad y el enojo de padres de familia
Cuitlatlán
Por: Fermín Alejandro García
Una opinión generalizada que existe en la mayoría de los 31 planteles del Colegio de Bachilleres de Puebla (Cobaep) es que, durante el breve periodo de Carlos Martínez Amador como director, se ha vivido una de las peores épocas de la institución por la forma burda en que se hicieron negocios con la castigada economía de alumnos y padres de familia, se continuó con el proceso de afiliación masiva y forzada al PRD, y los comités de base de este partido se han convertido un poder de facto. Tal situación ha generado un severo problema de ingobernabilidad en muchos centros educativos de dicho sistema.
El negocio más visible que ocurrió en los nueve meses de gestión de Carlos Martínez Amador –la cual terminó la semana pasada por su arribo a la dirigencia estatal del PRD– es que se volvió nuevamente obligatorio el uniforme diario para los alumnos del Coabep, luego de que por muchos años se había permitido que los estudiantes de esta institución media superior acudieran con vestimenta de calle, pues la mayoría de los usuarios del sistema provienen de familias populares que difícilmente pueden costear la compra de este tipo de artículos.
Esa imposición de los uniformes resultó ser un negocio de alrededor de 22.5 millones de pesos, si se parte de que al Cobaep acuden cerca de 30 mil alumnos y cada uno de ellos tiene que hacer un gasto promedio de unos 750 pesos.
Y al final, solamente fue una empresa la beneficiaria por la venta de dichos uniformes escolares.
Lo peor es que en algunas escuelas no han entregado los uniformes, pese al gasto extraordinario que hicieron los padres de familia.
Tal situación provocó el enojo de paterfamilias este fin de semana, que en dos planteles salieron a bloquear calles. El caso más notorio fue la protesta –que el sábado– realizaron un grupo de vecinos de Bosques de Manzanilla, que por varias horas ahorcaron la principal vialidad de esa zon
Desde que en el sexenio de Mario Marín Torres el entonces hermano del mandatario, Roberto Marín Torres, en su carácter de director del área administrativa del Cobaep, impuso a la fuerza la compra de un paquete de libros de texto, no se había repetido este abuso de obligar a los paterfamilias y alumnos a hacer adquisiciones bajo la amenaza de ser sancionados o excluidos del Colegio de Bachilleres.
Ante lo impopular la medida que resultó la imposición de la compra de uniformes, se sabe que desde la Dirección Administrativa del Cobaep, que dirige Marcelino Sánchez, se les habría ofrecido a los directores de los 31 planteles el obtener algún beneficio económico si obligaban a todos los alumnos a comprar y portar los uniformes.
También trascendió que algunos directores, al percatarse del malestar que dejan los obscuros asuntos de los uniformes y de las afiliaciones obligadas al PRD, se empezaron a negar a seguir con dichas prácticas, bajo el principio de que la educación pública es un derecho que no puede estar condicionada a la adquisición de algún artículo o alguna afiliación política.
La respuesta a ese malestar, como siempre ocurre en el morenovallismo, fue la represión. El caso más notorio fue el director del plantel de La Margarita, en la ciudad de Puebla, quien luego de manifestar su desacuerdo con la disposición de que los alumnos compraran por la fuerza las prendas oficiales del Cobaep, empezó a ser hostigado, que incluyó la amenaza de que su esposa –quien es docente del colegio– podría ser rescindida.
Al final se aplacó el malestar de los directivos y profesores, pero no el enojo de padres de familia y alumnos que se costean sus gastos, que vieron perder el carácter popular del Cobaep durante la gestión de Carlos Martínez Amador.
El otro grave problema es que cuando el perredista morenovallista Jorge Benito Cruz Bermúdez fue responsable de despacho de la Secretaría de Educación Pública se ordenó una afiliación masiva al PRD de alumnos, de padres de familia, de maestros, de personal administrativo y de familiares de los anteriores integrantes del Colegio de Bachilleres.
Para conseguir dichas anotaciones se crearon comités de base del PRD que se encargaron de las inscripciones en los padrones perredistas en cada uno de los 31 planteles, así como de las oficinas centrales y áreas administrativas.
Esos comités son controlados por una representación de padres de familia y de maestros, quienes para lograr llenar las listas de nuevos militantes en el Partido de la Revolución Democrática –como parte de la estrategia del morenovallismo para convertir al PRD en su agrupación satélite–, al principio ofrecían beneficios como vender calificaciones, perdonar el cobro de cuotas escolares o la obtención de beneficios laborales para docentes y administrativos.
Con el paso de los meses, esos comités de base se han vuelto un poder de facto dentro del Cabaep. Sus integrantes no solamente se dedican a afiliar a los miembros de la comunidad en el PRD, sino que influyen en la vida laboral, institucional y en los grupos de alumnos de cada plantel.
Los que dirigen esos comités tienen más poder que los directores de los 31 planteles o los representantes sindicales. Por ende, sus abusos han ido en aumento y es otro factor de malestar de padres de familia, alumnos y trabajadores.
Durante los pocos meses de gestión de Carlos Martínez Amador, lejos de poner orden, les dio más poder a esos comités de base del PRD.
Y es que para nadie es un secreto que el grueso de la militancia del PRD ya se fue a Morena. Ese partido ya es un cascarón vacío. Las bases ahora de esa agrupación morenovallista son los maestros, alumnos y padres de familia del Colegio de Bachilleres, que están ahí a la fuerza o por conveniencia. No por convicción.
