Puebla 19°C 
El regreso de los muertos vivientes
La Entrega
Marco Aurelio Mirón
La efervescencia política empieza cada vez a cobrar fuerza en la entidad poblana, donde el PAN y el PRI aparecen, por el momento, como los principales protagonistas.
La línea marcada por ahora se basa en la confrontación y generar desprestigio para afectar a los posibles “tiradores” a competir en los comicios del 2018 a la gubernatura del estado.
Como ejemplo está el caso Luis Paredes Moctezuma contra Eduardo Rivera Pérez.
El morenovallismo lo sacó del baúl de los recursos para usarlo como títere o el tonto útil para afectar la imagen del ex presidente municipal en su búsqueda de la nominación del PAN a Casa Puebla, pues se observa como contendiente en la disputa de la posición con su rival, Martha Erika Alonso de Moreno Valle.
Paredes Moctezuma, alcalde de la capital poblana en el trienio 2002-2005, caracterizó su gobierno por la polémica tanto en sus obras como en sus declaraciones. Conocedor que su carrera política estaba acabada, surgió de las cenizas para emprender desde el mes de junio una estrategia contra su correligionario denunciándolo por daño moral y material bajo el argumento de difundir mensajes y declaraciones falsas a través de medios de comunicación en el año 2005.
Paredes regresó a sus orígenes de porro en la década de los años setentas para emprender la embestida en redes sociales y personalmente como lo hizo ayer, al interrumpir en conocido hotel del Centro Histórico el encuentro entre Eduardo Rivera y el ex priista Alejandro Armenta Mier.
Está visto que el grupo en el poder no quieren ver en la boleta electoral del 2018 a Rivera Pérez, ni siquiera para una diputación federal o estatal –como se dio a conocer en este mismo espacio-.
Así que tome usted asiento y vaya por su bolsa de palomitas porque aún tiene mucho camino el capítulo Rivera vs Paredes, aunque eso implique campañas de lodo que tanto critican diversos sectores de la sociedad.
Otro caso tiene relación con el PRI.
La guerra interna por el destape anticipado de Juan Carlos Lastiri por buscar la candidatura a la gubernatura, igualmente ha incrementado las heridas que están sin cicatrizar por los intereses personales.
Ahí está la guerra de declaraciones contra el subsecretario de la SEDATU que ha respondido igualmente, en corto, buscando apagar los frentes en contra buscando jalar adeptos y colocar a sus piezas en posiciones estratégicas.
El caso más reciente, tiene relación con el resurgimiento de Francisco Montaño, ex marinista al fungir como director del Instituto Poblano de la Juventud (IPJ) en el sexenio de Mario Marín.
Convertido ahora en uno de los alfiles de Juan Carlos Lastiri, quiere ocupar la dirigencia municipal de Puebla del PRI.
Después de estar perdido varios años, concentrando su carrera profesional en la Ciudad de México, de pronto aparece y alza la mano para un cargo partidista.
¿Mera coincidencia? No lo creo.
***
Los videos difundidos desde ayer por El Sol de Puebla y periódico Central sobre la riña del pasado 30 de Junio en el restaurante La Silla, entre el juez Gabriel González Alegría y otro grupo de comensales donde estuvo Cristian Mayagoitia, demuestran la falsedad de declaraciones que incurrió el integrante del poder judicial en torno a la manera que le arrancaron a mordidas una oreja.
Mintió ante la autoridad ministerial en la explicación del desarrollo de los hechos, lo que abre la puerta no solamente en la dirección de las investigaciones, sino en los efectos colaterales.
De entrada, Gabriel González pierde credibilidad en el desempeño de sus funciones como juez al caer en falseada de declaraciones. Su ética profesional se ha visto lesionada por este caso.
El presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Roberto Flores Toledano, tendrá que analizar este caso pensando en cambiar de parecer y dar paso a la suspensión o separación de González Alegría como Juez Primero de lo Civil en Puebla.
¿O no?
*
La detención de Pablo Morales Ugalde, alcalde de Palmar de Bravo, por parte de la Procuraduría General de la República (PGR) presuntamente por estar vinculado a la compra y venta de gasolina robada, abre la puerta para que más ediles, señalados de estar relacionados con el tema del huachicol, estén en la mira.
Ahí están por ejemplo los casos de los presidentes municipales de Quecholac, Tecamachalco y Cuyoaco.
No abra nadie que los defienda y la prueba está en la postura oficial emitida ayer por el gobernador José Antonio Gali, quien dijo que “nadie está por encima de la ley”.
Comentarios:
@Marcomironc
