Iguala,Gro. Durante su gobierno de dos años en el Ayuntamiento de Iguala, José Luis Abarca gobernó con familiares y gente de toda su confianza; de acuerdo con la información que se hizo pública, cerca de 30 familiares de él estaban en la nómina del municipio.
De comerciante a político, fue bien recibido en el PRD, pues prometió hacer una campaña con una fuerte inversión económica, además de que apoyó con dinero las campañas de varios candidatos perredistas de diferentes puntos del estado.
José Luis Abarca Velázquez fue postulado como candidato para presidente municipal de Iguala por la coalición Guerrero nos Une, conformada por el PRD, el PT y el Movimiento Ciudadano en el año 2012. Al aceptar su candidatura no quiso imponer a ninguno de los dos síndicos de la planilla, ni a ninguno de los regidores, todos fueron nombrados después de un acuerdo entre los diferentes grupos.
Eso logró que hubiera una representación equilibrada de los diferentes grupos de los partidos que lo postularon. Además de que varios dirigentes del PRD reconocieron que su partido no gastó un sólo peso en la campaña y ésta fue totalmente costeada por José Luis Abarca.
Iguala en ese tiempo era gobernada por el PRI, pero en dos trienios anteriores hubo gobierno del PRD.
El 1 de julio de 2012, Abarca ganó la elección para alcalde con 21 mil 546 votos, superando al candidato del PRI, Érick Catalán Rendón, quien obtuvo 14 mil 600 votos, el Partido Verde presentó su propio candidato a la alcaldia.
El municipio de Iguala contaba en 2012 con un presupuesto de 367 millones de pesos anuales, de los cuales 132 millones eran usados en el pago de nóminas, por lo que la capacidad de realizar obras importantes estaba muy limitada.
La policía municipal de Iguala tenía 285 integrantes, los cuales fueron evaluados positivamente por parte del gobierno del Estado. Más de la mitad de este personal (155) tomó un curso táctico para policías municipales impartido en el 40º Batallón de Infantería ubicado en Ciudad Altamirano. Otros 20 efectivos policiales tomaron un curso táctico en el Centro de Adiestramiento Policial. Además, Iguala contaba con 92 agentes de tránsito, de los cuales 81 eran operativos.
Felipe Flores era comandante de la Policía Estatal y estuvo como encargado de la policía del estado, en varios municipios de Guerrero tuvo que pedir permiso para aceptar el puesto de secretario de Seguridad Pública, su hermano Elías Flores Velázquez era contralor en el gobierno de José Luis Abarca.
Además, de que el secretario de Seguridad Pública Municipal, pieza clave en la desaparición de los 43 normalistas y quien no ha aparecido, era familiar del alcalde. Aunque Abarca declaró que conocía a Felipe Flores desde que eran niños, además de que fueron vecinos, así que lo conocía muy bien.
Durante sus dos años de gobierno, 30 familiares directos de José Luis Abarca Velázquez y su esposa María de los Ángeles Pineda Villa mantuvieron el control del Ayuntamiento de esa ciudad; ocuparon posiciones clave dentro de la administración municipal.
El último acto de gobierno de José Luis Abarca fue el 30 de septiembre, cuando el entonces alcalde solicitó licencia temporal para separarse del cargo, bajo el argumento de no entorpecer las investigaciones.
La PGR informó el 23 de octubre del 2014 que los autores intelectuales del homicidio de seis personas, de las lesiones a 25 y de la desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa fueron el alcalde de Iguala, Guerrero, José Luis Abarca Velázquez, y su esposa, María de los Ángeles Pineda Villa.
Hay sesgo político: Vidulfo
A una semana de que se cumplan dos años de la desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa, el representante legal de los padres de los estudiantes, Vidulfo Rosales, advirtió que “hay un sesgo político en la investigación que lleva a cabo la Procuraduría General de la República”, lo que arroja “más incertidumbre que certeza”, sobre el paradero de los normalistas.
“Tenemos una investigación que no nos ofrece verdad; una investigación con mucha incertidumbre todavía”.
Entrevistado por Martín Espinosa para Grupo Imagen Multimedia, dijo que la llamada “verdad histórica” emitida por el exprocurador general de Justicia, Jesús Murillo Karam, de que los jóvenes estudiantes fueron ejecutados, incinerados y sus restos arrojados al río Cocula, “sigue siendo muy controvertida y no es una pista o un asidero que hoy en día ofrezca un norte de certidumbre”.
Incluso, afirmó, “hay pruebas científicas y contundentes que ofrecen evidencia de que ése no sea el destino final de los estudiantes”.
