La Procuraduría General de Justicia (PGJ) de Puebla ha vuelto a cometer injusticias, abusos y errores, acusó la diputada federal por el PRD, Roxana Luna Porquillo, al denunciar que tres de los detenidos la madrugada del sábado pasado en San Bernardino Chalchihuapan no son las personas que la dependencia identificó ayer a través de fotografías que publicó en su cuenta oficial de twitter.
Además, a pesar de que el juez Tercero de lo Penal, que lleva la causa fijó una fianza a Raúl Contreras Montes y Álvaro García Xelhua, acusados de resistencia a particulares y daños a las vías de comunicación, la agente del Ministerio Público apeló y al cierre de la presente edición el abogado de los detenidos sería notificado de que la libertad bajo caución sería negada.
Ayer, a partir de las 15:18 horas, a través de su cuenta del microblog, la PGJ presentó fotos y cargos contra los cinco detenidos con lujo de violencia en Chalchihuapan. Como en otros episodios de este caso, varios tuitstars –usuarios de la red social que cuentan con una audiencia considerable– ayudaron a replicar la información.
En una de las imágenes se ubica a un hombre como “Fausto Montes Contreras y/o Bernardino Ocótl Ocótl” (sic), de quien se dice que “se le ubica con rostro cubierto y lanzando objetos contundentes, primordialmente piedras”.
Sin embargo, en la lista de detenidos que ha dado a conocer la PGJ no aparece jamás el nombre de Bernardino Ocótl Ocótl. No sólo eso, el verdadero Bernardino Ocótl Ocótl es un anciano de 70 años que apenas y puede caminar, indicó Luna Porquillo, quien advirtió que este es posible evidenciar la manera arbitraria e ilegal en la que está actuando la PGJ.
Los casos de Vicente Juárez García y Florentino Tamayo Ponce son similares, aseveró la representante popular cholulteca: están siendo tomados, a partir de evidencia videográfica y fotográfica, por otras personas.
A Fausto Montes Contreras, Vicente Juárez García y Florentino Tamayo Ponce se les imputan los delitos de intento de homicidio, motín, ataques a las vías de comunicación, resistencia a particulares y privación de la libertad.
A pesar de que los grupos sociales afectados por Rafael Moreno Valle han proliferado junto con los líderes de los movimientos de resistencia, el gobernador parece tener una obsesión con Roxana Luna, la diputada identificada con el grupo Los de Abajo.
La legisladora confió a este medio que tiene información que le permite advertir que el gobierno poblano está llevando a cabo una nueva ofensiva para tratar de detener sus acciones; la vez pasada aparecieron de manera masiva videos y grabaciones en you tube, panfletos y denuestos de diverso tipo en la prensa local, pero el Ejecutivo también realizó fuertes presiones con dirigentes nacionales del PRD para tratar de inhibir protesta en la que se inscribe Luna.
La diputada federal dice estar preparada para esta nueva ofensiva, pero considera necesario dar a conocer estos hechos para que la sociedad informada no se confunda. “El problema no somos los opositores, es la conducta del gobernador, que en lugar de cumplir con la recomendación de la CNDH” –que es la misma que le han hecho diversas organizaciones sociales y hasta religiosas– en el sentido de dialogar con los afectados y corregir los yerros en los que ha incurrido, el mandatario, de nueva cuenta ha cargado contra la gente, deteniéndola, persiguiéndola y tratando de imbuirle miedo. “Puedo estar o no en este movimiento”, agrega, pero éste no se detendrá por eso mientras el gobernador no cambie su conducta represiva y autoritaria.
