Servicios Articulados de Puebla no solo enfrenta problemas de solvencia económica como empresa concesionaria de la Red Urbana de Transporte Articulado (RUTA), sino también conflictos jurídicos por el despido de 50 operadores de unidades que denunciaron incumplimiento en el pago de salarios.
Los litigios podrían aumentarse por la decisión que tomó la compañía de expulsar a 10 accionistas que han denunciado a través de los medios de comunicación opacidad en el manejo de los recursos.
De acuerdo con el presidente del Consejo de Administración, Miguel Ángel Aceves Mendoza, la compañía es partícipe en más de 50 denuncias penales y laborales, pero aseguró que cuenta con argumentos de peso para ganar dichos litigios.
Uno de los accionistas depuestos es Juan Cervantes Hernández, quien exigió la destitución de Miguel Ángel Aceves, acusándolo de bloquear la solicitud que realizó para convocar a una asamblea en la que se analice la situación financiera de RUTA.
“Estamos pidiendo los títulos de concesión, los reglamentos internos, de estructura, plan de negocios, que la empresa firmó con el gobierno (del estado); no los tenemos y todo nos ocultan”, denunció Cervantes en una rueda de prensa el 12 de marzo pasado.
Ayer el presidente del Consejo de Administración informó, en una conferencia de medios, que se llevó a cabo una asamblea extraordinaria en la que se determinó retirar a Juan Cervantes la calidad de socio, junto con nueve accionistas más.
El principal responsable de Servicios Articulados de Puebla dio el siguiente argumento a favor de la remoción: “Cuando una persona arremete contra las formalidades de una empresa, de acuerdo con los estatutos, y en lugar de sumar los esfuerzos va en contra de ciertas irregularidades que perjudican el sistema (sic), es motivo de ciertas causales”.
En el caso de los choferes despedidos indicó que la decisión se tomó tras identificarlos como autores en el robo de refacciones, por lo que descartó que se trate de “despidos injustificados”, como alegan los trabajadores en los juzgados y tribunales.
Para Miguel Ángel Aceves las denuncias mediáticas que han realizado tanto socios como operadores de unidades en contra del nuevo sistema de transporte forman parte de un “gran boicot” de personas que se ostentan como integrantes de la RUTA, pese a que ya perdieron ese título, a quienes identificó como responsables del “bache financiero” por el que atraviesa la compañía.
Aseveró que la empresa tiene en su poder las actas de la asamblea extraordinaria que se realizaron para remover a la decena de accionistas, así como las actas administrativas que se levantaron contra los ex conductores de las unidades, como pruebas de que esas decisiones se fundamentaron en ley.
La Jornada de Oriente intentó contactar telefónicamente a Juan Cervantes, pero al cierre de la edición el concesionario no respondió ninguna de las llamadas realizadas a su teléfono personal.
