Alta ineficiencia caracteriza a la empresa que se encamina a ganar el control del SOAPAP

La versión de que la firma Agua de México va a ganar la licitación –que por invitación ha realizado el gobierno del estado– para administrar el Sistema Operador de Agua Potable y Alcantarillado de Puebla (Soapap) debería ser motivo de suma preocupación, ya que esta compañía hace poco más de un año enfrentó una severa crisis de eficiencia en el servicio que brinda en el Distrito Federal y ahora se encuentra en una circunstancia similar por el rompimiento que enfrenta con una empresa poblana.

Agua de México no hace mucho ganó un bono especial –que al parecer consistió en un pago de entre 8 y 10 millones de pesos– por haber sido la empresa, de un total de tres compañías, que ofreció mejores estándares de eficiencia en el Distrito Federal, pero esa condición está en tela de duda.

En el Distrito Federal hasta hace unos años había cuatro empresas que se dividían en igual número de sectores los servicios de distribución de agua potable, operación del alcantarillado y cobranza del servicio. Luego se redujo a tres compañías, ya que Ingenieros Civiles Asociados (ICA) asumió el control de dos sectores.

Hace poco más de un año, de las tres empresas, Agua de México estaba en el más bajo nivel de eficiencia en la prestación de servicios y, sobre todo, en la cobranza. La causa de esa situación era la extrema corrupción que existía entre su personal, situación que en algún momento externaron los propios directivos para buscar resolver los severos problemas de operación que enfrentaba y la colocaba en el riesgo de perder los contratos que tiene en la capital del país.

Fue entonces cuando entró en su rescate una importante empresa poblana, cuyo personal todo es de la ciudad de Puebla y muchos de estos trabajadores fueron empleados del Soapap. El equipo de trabajo se trasladaba cada semana al Distrito Federal para analizar los padrones de usuarios, atender las quejas de mal servicio y negociar con clientes el pago de tarifas atrasadas a cambio de mejorar el suministro de agua potable. En esa labor participaban al menos 40 brigadas, con vehículos nuevos, que peinaban las zonas de conflicto.

Una parte fundamental es que se despidió a la mayor parte del personal que laboraba en Agua de México y fue sustituido por trabajadores de dicha empresa poblana, lo cual significó un cambio de 180 grados en la eficiencia de esa compañía.

Eso permitió que en unos meses el servicio y la cobranza que hace Agua de México se elevara y quedara en primer lugar de calidad –por encima de la poderosa ICA–, principalmente en el rubro de adeudos atrasados. Destacó porque esto último se consiguió sin usar amenazas o emprender proceso de embargo contra morosos.

Pero una vez que se tuvo esa situación exitosa, como ocurre con muchas compañías grandes, no le cumplió con los pagos a la empresa poblana y ésta se ha apartado de Agua de México, retirando los equipos de trabajo que le permitieron mejorar la calidad de los servicios.

Tal situación coloca a Agua de México en las mismas condiciones de la crisis que enfrentaba hace un año.

La empresa en cuestión inició con capital español, pero actualmente sus directivos son mexicanos, Diego Gutiérrez y su hijo José Miguel Gutiérrez, quienes lograron los contratos de administración del servicio de agua potable durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, y a lo largo de los últimos años han mantenido a un ejecutivo de origen chileno como el encargado comercial de la compañía y a un español como el responsable de la parte operativa.

Lo relevante de conocer los antecedentes de esta empresa es que si la verdadera intención del gobierno de Rafael Moreno Valle fuera la de mejorar el servicio de agua potable no tendría que haber invitado a Aguas de México a participar en el concurso de licitación.

El núcleo de un buen servicio de agua potable no es la participación de empresas privadas, sean grandes o pequeñas, de capital privado o nacional, sino que existe un programa que haga eficiente y de alta calidad el servicio de agua potable para que a su vez los usuarios sean corresponsables con el pago de las tarifas.

Las ciudades de Monterrey, en Nuevo León; de Tijuana, en Baja California Norte, y de León, en Guanajuato, tienen servicios operadores de agua potable que son organismo públicos, que tienen cuentas saneadas y alta calidad en la distribución del líquido. Todo ello porque tienen un adecuado programa de eficiencia, algo de lo que ha carecido el Soapap en los últimos años.

Por lo tanto, la alternativa para Puebla era solamente hacer eficiente al Soapap y no contratar a una empresa privada, que tendrá altos costos de operación y no necesariamente viene acompañada de un programa para optimizar los servicios que va a prestar.

La empresa que gane la licitación tendrá que asumir 3 mil millones de pesos de adeudos del Soapap y a su vez pagar el costo de la infraestructura del servicio de agua potable al gobierno del estado. Tal condición seguramente implicará un aumento del monto de las tarifas y una extrema rudeza con aquellos usuarios que se atrasen en la erogación del pago del servicio.

Esto hace sospechar que en realidad lo que busca el gobierno de Moreno Valle es tener altos ingresos económicos –no fiscalizables en su gasto– por la venta del Soapap, bajo la engañosa versión de que ello va a mejorar el servicio de agua potable.

Pareciera que en realidad se busca fortalecer el gasto en torno a la figura del gobernador, sin importar el costo que tendrán que pagar los usuarios del Soapap.