La costosa campaña publicitaria de Manuel Velasco llega a Puebla

La costosa campaña del gobernador de Chiapas, Manuel Velasco para promover su Primer Informe de Labores llegó a las salas de cine en Puebla a través de la empresa Cinemex que ha pautado la propaganda del mandatario estatal en cada una de sus salas y se proyecta antes de la transmisión de las películas. La promoción fuera del territorio que gobiernan tiene precedente en esta entidad, pues en 2012 a Rafael Moreno Valle fue sancionado por el Instituto Federal Electoral (IFE por promover su imagen fuera del territorio poblano.

De acuerdo con el reportaje publicado por Univisión el pasado 23 de diciembre, el gobernador de Chiapas –el estado más pobre del país según el Coneval– ha gastado más de 10 millones de dólares para la promoción de su imagen.

Además, según lo dado a conocer por Sin Embargo, el mandatario también se promueve en el Distrito Federal y Tlaxcala.

La promoción extraterritorial de Manuel Velasco viola el artículo 228 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos electorales (Cofipe) que señala que los servidores públicos tienen derecho a difundir, en su informe anual de labores, las acciones que han llevado a cabo: “siempre que la difusión se limite a una vez al año en estaciones y canales con cobertura regional correspondiente al ámbito geográfico de responsabilidad del servidor público y no exceda de los siete días anteriores y cinco posteriores a la fecha en que se rinda el informe”.

Esta violación tiene precedente en Puebla, pues el 2de mayo de 2012, CENTRAL dio a conocer que el Consejo General del Instituto Federal Electoral determinó sancionar a la empresa Make Pro y emitir un juicio de reproche en contra del gobernador Rafael Moreno Valle y su vocero, Sergio Ramírez, quienes destinaron 14 millones 27 mil 580 pesos para el pautado de spots fuera del territorio poblano –también en salas de cine– y fuera del tiempo establecido en la Constitución.

En ese entonces el IFE ordenó al Congreso de Puebla determinar el castigo en contra del mandatario y su entonces vocero, no obstante el 8 de agosto de 2012 del Poder Legislativo desechó la sanción al considerar que carecen de facultades para la punción del mandatario estatal y su funcionario.