Notaria de Huejotzingo se niega a expedir escrituras ya pagadas

La lista de notarios públicos que enfrentan investigaciones y corren el riesgo de perder sus patentes se sigue engrosando. Ahora se ha iniciado una revisión de la actuación de la fedataria uno de Huejotzingo, Silvia Hernández Aguilar, quien luego de tres años y cinco meses de trámites y el cobro de más de 100 mil pesos a un grupo de ciudadanos, se niega a entregarles unas escrituras de un conjunto de predios.

Lo inaudito es que el director de notarías de la Secretaría General de Gobierno, Gilberto Navarro Jiménez, ya intervino a favor de los agraviados, y pese a ello la notaría se niega a entregar las escrituras, pese a que no hay ningún impedimento legal.

Todo inició con un juicio testamentario en el cual un juzgado ordenó a la Notaría 1 iniciar los trámites de escrituración de varios predios, que suman 2 mil 53.80 metros cuadrados, y puso como albacea al señor Darío de Gante Huerta, quien es chofer en una institución de educación superior.

La notaria les cobró entre 23 mil y 25 mil pesos a cada uno de los ciudadanos que obtuvieron la autorización para escriturar los terrenos. En su conjunto les cobró a los interesados más de 100 mil pesos.

El acuerdo para que se elaboraran las escrituras se firmó el 19 de mayo de 2010 y quedó asentado en el volumen 370 e instrumento notarial 4822. Dicho convenio lo rubricaron Rosalba Pescador Sánchez, Darío de Gante Huerta, Quintín Tobón y Marco Antonio Guevara Cruz.

El primer atraso se debió a que la notaria argumentó que el ayuntamiento de Huejotzingo no había realizado los trámites necesarios para registrar los terrenos en cuestión.

Luego, extraoficialmente, se supo que unos de los beneficiarios con la repartición de los predios pidió a la notaria retrasar los trámites, pues estaba buscando vender el predio que le corresponde.

Posteriormente las semanas y los meses fueron pasando sin que la notaria entregara los documentos ofrecidos.

Dicen los agraviados que primero había disculpas y pretextos para hacerles creer siempre que en un plazo de 15 o 20 días les daría los documentos. Luego de dos años de espera se llegó al extremo de que la notaria les decía que no le podían hacer nada legalmente, y que el dinero pagado no era suficiente para exigir que les concluyeran los trámites iniciados.

Se sospecha que en la notaría se pudieron desviar los más de 100 mil pesos que pagaron los afectados, que se supone eran para cubrir los impuesto que implica la operación, y por esa razón ahora la fedataria Silvia Hernández no puede cumplir con la escrituración.

Ante el incumplimiento de Silvia Hernández, los afectados recurrieron a Gilberto Ramón Navarro Jiménez, el director de notarías del gobierno del estado, quien buscó una reunión de desavenencia para aclarar la situación.

De esa manera se efectuó un encuentro entre los cuatro ciudadanos que pagaron los 100 mil pesos, Gilberto Navarro y la notaria Silvia Hernández –quien antes de dedicarse a la función de la fe pública fue parte del Poder Judicial–, y en esa sesión esta última se comprometió a que un plazo de 15 días, sin falta, entregaría las escrituras a los interesados.

La fecha se venció el pasado 17 de septiembre, a las 17 horas, y estando presente el director de notarías no se presentó la fedetaria. Buscaron localizarla por todos los medios y resultó que hasta los teléfonos fijos de su oficina estaban desconectados.

Finalmente la pudieron localizar luego de un par de horas de espera y por vía telefónica la única respuesta que ofreció fue: “Mi gestor se fue de vacaciones, no puedo entregar las escrituras”.

Hasta el día de hoy las escrituras siguen sin aparecer, y la fedataria 1 de Huejotzingo no puede ofrecer un argumento convincente de por qué no puede cumplir.

El director de notarías ya le giró el oficio D.N 1381/20013 el pasado 11 de octubre, mediante el cual le da a conocer que el próximo viernes habrá una “visita extraordinaria” a sus oficinas para que aclare lo ocurrido con las escrituras, si es que éstas existen.

Se sabe que ya anunciaron que ese día la notaría no estará abierta y por ende no se podrá realizar la visita, pese a que oficialmente no ha sido cancelada; es decir, no hay poder humano que haga cumplir a Silvia Hernández Aguilar con un trámite que no hay motivo para retrasar por más de 41 meses.

La anterior historia es sólo una pequeña muestra del universo de abusos e impunidad en que se manejan la mayoría de los notarios públicos del estado.