Sigue rebelión en Canoa por falta de acuerdos

Habitantes de la junta auxiliar de San Miguel Canoa que mantienen cerrada por la fuerza la presidencia auxiliar, acusaron a la Secretaría de Gobernación municipal de querer burlarlos por faltar al convenio que ellos habían aprobado el pasado fin de semana y denunciaron intimidaciones a sus líderes por parte de empleados de la Secretaría General de Gobierno estatal, por lo que determinaron presentarse esta tarde en el Palacio Municipal, para exigir respeto a sus demandas.

Tras un par de días de desinformación y sin la presencia de algún representante del gobierno municipal, anoche durante la tercera Asamblea convocada por un grupo de pobladores que mantienen su demanda de destituir al presidente auxiliar José Tomás Salomón Pérez Marcial, informaron que el Ayuntamiento de Puebla, a través de la Secretaría de Gobernación, no estableció tal y como habían pactado, los términos del convenio que ellos habían aceptado el sábado pasado.

A decir de Raúl Pérez Velázquez y de Jacinto Sánchez, ambos representantes de la comunidad, el convenio estableció la suspensión temporal y no definitiva como ellos demandaron, del cobro de todos los impuestos en la comunidad.

Además expusieron que desde el sábado que el director de Atención Vecinal y Comunitaria, Jesús Duque Visconti, se presentó para negociar el convenio, no se ha vuelto a apersonar con ellos, faltando incluso al plazo que habían puesto de que les demostraran anteayer que el Ayuntamiento iniciaría los trámites para el proceso de revocación de mandato de Pérez Marcial.

Sin embargo, Raúl Pérez también informó a la gente que fue llamado vía telefónica por el propio Duque Visconti para solicitarle que "controlara a su pueblo" y acudiera solo el día de hoy a firmar un segundo convenio, en la Secretaría de Gobernación.

Aunque el propio Raúl se declaró dispuesto a presentarse solo, la población determinó durante la Asamblea acompañarlo para presentarse en el Palacio Municipal y de paso, exigir respeto a sus demandas.

DENUNCIAN INTIMIDACIONES DEL GOBIERNO ESTATAL

Asimismo, Jacinto Sánchez, otro de los representantes de la comunidad, denunció que Raúl Pérez y él, han recibido intimidaciones de parte del Gobierno del Estado.

Según Raúl, ha recibido llamadas de hombres que no se identifican más que como trabajadores del área de Asuntos Políticos de la Secretaría General de Gobierno (SGG) que les solicitan su presencia "para negociar" y llegar a un acuerdo.

Pero a decir de Jacinto Sánchez ni él ni su compañero se presentarán ante la autoridad estatal, porque además de que es asunto que por principio de cuenta tienen que abordar con el Ayuntamiento, no se prestarán a avalar un convenio sin previa consulta de los habitantes de la junta auxiliar ni fuera de su comunidad.

"Todo convenio que quieran hacer tiene que ser frente al pueblo, porque cuando ellos quieren el voto no nos piden que vayamos sino que vienen hasta acá, pero ellos no nos quieren dar la cara, nos quieren ver la cara", sentenció.

LA PRESIDENCIA SIGUE CERRADA

En la Asamblea, los pobladores de Canoa aprovecharon para desmentir las versiones que aseguran que la presidencia auxiliar ha sido reabierta y como prueba señalaron que la cadena continúa soldada a la puerta principal del edificio.

Y reiteraron su determinación de no permitir que la presidencia municipal sea reabierta, hasta que sea legalmente revocado el mandato de Pérez Marcial y ellos elijan a un presidente auxiliar interino.

Para ello, sumaron otras firmas a las 5 mil 200 que según Raúl Pérez, ya habían reunido, para cumplir con el mínimo requerido por la ley para solicitar formalmente la revocación del mandato.

ABIERTA SSPTM A INVESTIGAR A POLICÍAS: LARA TERRÓN

El secretario de Seguridad Pública y Tránsito Municipal (SSPTM), Amadeo Lara Terrón, informó que hasta el momento, la dependencia a su cargo no ha recibido queja alguna acerca del supuesto mal desempeño y abusos de policías municipales que trabajan en la junta auxiliar de San Miguel Canoa.

Sin embargo dijo que si son presentadas quejas, la dependencia a través de sus órganos de control interno realizarán una investigación para determinar si efectivamente, los elementos incurrieron en alguna irregularidad.