El Gobierno de México, a través de la Secretaría de Gobernación, expresó su rechazo al informe del Comité de Desapariciones Forzadas de la ONU, al considerar que es tendencioso y omite avances clave en la atención de este problema desde 2018.
En un comunicado conjunto, las autoridades señalaron que el documento no tomó en cuenta las observaciones, análisis y actualizaciones presentadas por el Estado mexicano, lo que, aseguraron, provoca que sus conclusiones no coincidan con la definición de desaparición forzada del propio comité ni con la realidad actual del país.
El Gobierno destacó que el mecanismo internacional utilizado por el comité está diseñado para contextos donde las desapariciones son generalizadas y sistemáticas por parte del Estado, situación que, afirmó, no corresponde al México actual, donde se han impulsado cambios estructurales en la materia.
Asimismo, subrayó que el informe se enfoca principalmente en hechos ocurridos entre 2009 y 2017, durante administraciones anteriores, y en casos de cuatro estados, por lo que calificó la resolución como parcial y sesgada, además de lamentar que no se haya considerado la información actualizada entregada el pasado 27 de marzo.
El propio comité, según el comunicado, reconoce que no existen indicios de una política federal para cometer desapariciones forzadas de manera sistemática, lo que, a decir del Gobierno, refleja una diferencia con periodos previos.
Las autoridades también señalaron falta de rigor jurídico en la argumentación del informe, así como posibles conflictos de interés entre algunos de sus integrantes.
En cuanto a las acciones emprendidas, el Gobierno reiteró que no tolera ni ordena desapariciones forzadas, y destacó reformas legislativas e institucionales impulsadas recientemente. Entre ellas, mencionó la Alerta Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas, la obligación de abrir carpetas de investigación desde el primer reporte, la creación de una Base Nacional de Carpetas, una Plataforma Única de Identidad y el fortalecimiento del Banco Nacional de Datos Forenses.
También resaltó la coordinación entre fiscalías, comisiones de búsqueda y la Fiscalía General de la República, así como el fortalecimiento de la Comisión Nacional de Búsqueda con personal especializado.
Finalmente, el Gobierno de México reiteró que mantiene cooperación con organismos internacionales, pero enfatizó que esta debe basarse en diagnósticos que reflejen la situación actual del país.
