La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dejó firme el amparo que abre la puerta a una drástica reducción de la pena contra Vicente Patiño Albarrán, el hombre condenado por envenenar en 2021 a los perros rescatistas Athos, Tango y Balam. Con esta determinación, la condena original de 10 años y seis meses de prisión podría bajar a entre tres y cinco años —conmutable incluso por un pago de 10 mil pesos— y la reparación del daño, que superaba los 2.4 millones de pesos, se recalculará a la baja.
El fallo de la SCJN consistió en desechar por unanimidad el amparo directo en revisión 7933/2025 interpuesto por Édgar Martínez Olguín, dueño y entrenador de los canes. Los ministros consideraron que no existían temas de constitucionalidad que justificaran atraer el caso, por lo que la resolución del Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Segundo Circuito —con sede en Querétaro— quedó firme. Dicho amparo ordena dictar una nueva sentencia individualizada, al clasificar a los perros como “animales domésticos” y no como rescatistas con valor agravante, eliminando las circunstancias calificativas del delito de crueldad animal.
Los hechos del caso
El 13 de junio de 2021, en un área común de una colonia de Querétaro, Patiño Albarrán arrojó salchichas contaminadas con una sustancia tóxica. Athos y Tango murieron en cuestión de horas pese a la atención veterinaria de emergencia; Balam sobrevivió con lesiones graves. Los tres perros formaban parte del equipo de rescate de la Cruz Roja Mexicana: estaban certificados internacionalmente como canes de búsqueda y rescate, participaron en las labores tras el sismo del 19 de septiembre de 2017 en la Ciudad de México y en la erupción del volcán de Fuego en Guatemala en 2018. Eran considerados “héroes de cuatro patas” por su labor altruista y especializada.
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En agosto de 2022, la jueza Alicia Basurto García dictó la sentencia histórica: 10 años y seis meses de prisión sin derecho a fianza por crueldad animal agravada, más una reparación del daño superior a los 2.4 millones de pesos (2 millones 145 mil 479 por Athos y 223 mil 548 por Tango, según desglose judicial). La condena fue confirmada en apelación en febrero de 2023.
Por qué el fallo genera polémica e indignación
Organizaciones de protección animal han calificado la resolución como un “retroceso grave” en la justicia para los animales en México. Argumentan que reducir la pena al mínimo legal para “animales domésticos” (tres a cinco años, sustituible por 10 mil pesos) desvaloriza la vida y el servicio público de Athos y Tango, ignorando su certificación internacional y su contribución en desastres nacionales e internacionales.
“No se trata solo de dos perros; se trata de que la justicia equipara a héroes rescatistas con mascotas comunes”, señalaron activistas que ya convocaron protestas.
La defensa legal del caso acusó apatía institucional en la SCJN (“ni siquiera leyeron el recurso”) y advirtió que el fallo podría permitir la liberación inmediata del responsable mediante conmutación económica. Organizaciones como Grupo Animal y diversas asociaciones de rescatistas exigieron reformas urgentes a la legislación sobre maltrato animal para reconocer el valor de los canes de trabajo y endurecer las penas.
Implicaciones para futuros casos de maltrato animal
Este precedente sienta un estándar peligroso: al priorizar la clasificación estricta de “animal doméstico” sobre el rol funcional y el entrenamiento especializado de los canes, podría abrir la puerta a condenas leves en todo el país, incluso en casos de envenenamiento o crueldad contra animales de rescate, policiales o de asistencia. Expertos advierten que, sin cambios legislativos que actualicen el Código Penal Federal y los estatales —incorporando agravantes por valor social o certificación de los animales—, el combate al maltrato animal retrocederá años.
“Athos y Tango no solo perdieron la vida; hoy la justicia perdió una oportunidad histórica de sentar precedente”, concluyeron defensores de derechos animales.
El caso regresa ahora a un juez de Querétaro para dictar la nueva sentencia. Mientras tanto, la indignación crece y la presión por una reforma legal se intensifica.
