La fiscal general de la República, Ernestina Godoy Ramos, presentó el proyecto de Ley General contra el feminicidio, en el marco de la conferencia matutina encabezada por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum. Se trata de una iniciativa que busca unificar criterios en todo el país para prevenir, investigar y sancionar este delito que, reconoció, sigue siendo una de las expresiones más graves de violencia contra las mujeres en México.
La propuesta, que será enviada al Senado, contempla penas de entre 40 y 70 años de prisión, la incorporación de 21 agravantes y la homologación de protocolos de investigación en las fiscalías estatales. El objetivo central, explicó la fiscal, es cerrar brechas legales que hoy generan impunidad.
“Cada estado tiene distintas categorías de razones de género y agravantes, lo que en muchos casos da pie a impunidad. Se busca que todos investiguemos igual”, subrayó Godoy.
Contexto nacional: un delito persistente y desigual
En México, el feminicidio está tipificado en el Código Penal Federal desde 2012; sin embargo, su aplicación varía significativamente entre entidades. De acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en 2024 se registraron más de 800 feminicidios a nivel nacional, mientras que miles de homicidios dolosos de mujeres continúan sin ser investigados bajo este tipo penal.
Estados como el Estado de México, Nuevo León, Veracruz y la Ciudad de México concentran el mayor número de casos en términos absolutos, aunque la incidencia por tasa poblacional muestra focos rojos en entidades con menor población.
Organismos como el Instituto Nacional de Estadística y Geografía han documentado que la violencia letal contra mujeres mantiene una tendencia preocupante, con más de 3,700 mujeres asesinadas al año (incluyendo feminicidios y homicidios dolosos), lo que evidencia que no todos los casos se investigan con perspectiva de género.
¿Por qué una Ley General?
Actualmente, el delito de feminicidio es perseguido por las fiscalías estatales, pero:
- Existen diferencias en la definición de “razones de género”
- No todos los estados contemplan los mismos agravantes
- Los protocolos periciales y de investigación no son homogéneos
La iniciativa presentada por Ernestina Godoy Ramos propone:
- Reconocer de manera uniforme nueve razones de género (como violencia sexual, relación de poder o antecedentes de violencia)
- Establecer 21 agravantes aplicables en todo el país
- Ordenar el aseguramiento inmediato de bienes del agresor para garantizar la reparación del daño
- Estandarizar la actuación de peritos, policías de investigación y ministerios públicos
La Ley General contra el feminicidio busca homogeneizar todo el país para que:
- Se investigue igual en Chihuahua, Puebla, Yucatán o cualquier estado.
- No importe dónde ocurra el crimen: los criterios, protocolos y sanciones sean los mismos.
- Se reduzca la impunidad por diferencias técnicas o legales entre estados.
Godoy lo explicó así: “Homologar en todos los estados el tema de las razones de género y las agravantes… y la forma de investigar, que se haga de manera homogénea, los peritajes, la forma en que deben trabajar los policías periciales”.
Además, plantea que el feminicidio sea entendido no solo como un delito, sino como una violación grave a los derechos humanos, lo que obligaría a respuestas estructurales del Estado.
Las 9 razones de género que propone la Ley General contra el Feminicidio
- Signos de violencia sexual (o presencia de violencia sexual)
- Lesiones degradantes o infamantes (mutilaciones, lesiones humillantes)
- Antecedentes de violencia por parte del agresor contra la víctima (violencia previa, física, psicológica, etc.)
- Prejuicios o estereotipos de género
- Relaciones de poder o subordinación (desigualdad de poder entre agresor y víctima)
- La víctima haya sido incomunicada (aislada, privada de comunicación)
- La víctima se encontrara en estado de indefensión
- Exposición o exhibición del cuerpo (dejar el cuerpo a la vista pública o en condiciones degradantes)
- Otros indicios que apunten a violencia por razones de género (esta es la cláusula abierta que permite incluir casos que cumplan con el espíritu de las anteriores)
Impunidad y fragmentación: el reto de las fiscalías
Uno de los principales problemas señalados por especialistas y autoridades es la fragmentación del sistema penal. La falta de criterios homogéneos provoca que un mismo caso pueda ser clasificado de manera distinta dependiendo del estado donde ocurra.
De acuerdo con datos oficiales, el porcentaje de casos que derivan en sentencia sigue siendo bajo, lo que ha sido vinculado a:
- Fallas en la integración de carpetas de investigación
- Falta de perspectiva de género
- Diferencias en capacidades técnicas entre fiscalías
Feminicidio en Puebla: tipificación, agravantes y contexto reciente
En el caso de Puebla, el feminicidio está tipificado en el Código Penal estatal y contempla sanciones que pueden alcanzar hasta los 60 años de prisión, dependiendo de las agravantes.
Entre los criterios que configuran el delito en la entidad se encuentran:
- Existencia de violencia sexual
- Relación sentimental, afectiva o de confianza con la víctima
- Antecedentes de violencia familiar o amenazas
- Que el cuerpo sea expuesto en un lugar público
- Que la víctima haya sido incomunicada o privada de la libertad
A pesar de este marco legal, la realidad evidencia desafíos en su aplicación. En los últimos siete días, cuatro mujeres han sido asesinadas en Puebla; dos de los casos ya son investigados como probables feminicidios, mientras que otro ocurrió durante un asalto y uno más permanece bajo análisis pericial, como el caso reciente en San José Chiapa.
Este tipo de situaciones refleja una problemática recurrente: no todos los asesinatos de mujeres son investigados bajo el protocolo de feminicidio desde el inicio, lo que puede afectar el acceso a la justicia.
Hacia un modelo nacional unificado
La propuesta de Ley General contra el feminicidio se inserta en un momento en que el gobierno federal busca fortalecer la coordinación entre niveles de gobierno en materia de seguridad y justicia.
De aprobarse, implicaría una reforma constitucional para establecer bases obligatorias en todo el país, reduciendo márgenes de interpretación y fortaleciendo la atención a víctimas.
En un contexto donde la violencia feminicida continúa siendo una deuda estructural del Estado mexicano, la iniciativa plantea una pregunta de fondo: ¿puede la homologación legal traducirse en justicia efectiva para las mujeres?
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