La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, reiteró que su gobierno nunca estará de acuerdo con el uso de la fuerza en las relaciones internacionales, al fijar una postura firme frente a la reciente intervención militar de Estados Unidos en Venezuela, que derivó en la detención de Nicolás Maduro.
Durante su conferencia matutina del 6 de enero, la mandataria subrayó que, independientemente de las posturas políticas o críticas hacia un gobierno extranjero, ningún país puede utilizar la fuerza para imponer cambios de régimen. Afirmó que se trata de un principio que trasciende ideologías y coyunturas, y que forma parte de la identidad histórica de México.
Sheinbaum sostuvo que solo el pueblo de Venezuela puede decidir sobre sus asuntos internos y enfatizó que la soberanía nacional se debe respetar en cualquier circunstancia. “Una cosa es no estar de acuerdo con un régimen político y otra muy distinta es que una potencia utilice la fuerza para llevarse a un presidente”, expresó.
La jefa del Ejecutivo federal defendió la tradición diplomática mexicana, a la que calificó como “ejemplar”, y recordó que la política exterior de México ha estado históricamente ligada a la defensa de la autodeterminación de los pueblos y la no intervención. Señaló que estos principios se encuentran consagrados en la Constitución, particularmente en el Artículo 89, y tienen su origen en la Doctrina Estrada.
Asimismo, recordó episodios históricos que han marcado la diplomacia mexicana, como el respaldo del presidente Lázaro Cárdenas a la República Española y la participación de México en iniciativas de paz regionales, como el Grupo Contadora.
Sheinbaum reconoció que estos principios se debilitaron parcialmente durante los gobiernos del PAN, pero insistió en que hoy vuelven a ser ejes centrales de la política exterior del país. Añadió que incluso ante acusaciones graves contra un gobierno, México no puede avalar invasiones ni el uso de la fuerza, fuera de los marcos establecidos por la Carta de las Naciones Unidas.
Finalmente, recalcó que la defensa de la soberanía, la solución pacífica de controversias y la proscripción del uso de la fuerza no son solo una convicción política, sino una obligación constitucional del Estado mexicano.
