Una familia de misioneros originarios de Ciudad Juárez, Chihuahua, presentó este lunes una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) por las lesiones sufridas en el trágico descarrilamiento del Tren Interoceánico ocurrido el pasado 28 de diciembre de 2025 en la Línea Z, en las inmediaciones de Nizanda, Oaxaca.
La querella, interpuesta por el despacho Vega Mac Gregor Arellano Abogados, incluye delitos como lesiones, abuso de autoridad y ejercicio indebido del servicio público. La denuncia va dirigida contra las principales empresas contratistas involucradas en la rehabilitación y construcción de la vía, Comsa Infraestructuras, Grupo Constructor Diamante y Daniferrotools, así como contra servidores públicos responsables de la supervisión de la obra.
El accidente, que dejó un saldo de al menos 14 personas fallecidas y más de 98 lesionados, ha generado cuestionamientos sobre posibles irregularidades en la construcción y operación del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, un proyecto emblemático del Gobierno federal.
La familia afectada está integrada por Juan Manuel Iglesias López, su esposa Flor del Carmen Temich Sinta y su hijo menor Alexis Iglesias Temich, quienes viajaban en uno de los vagones que se precipitaron por un barranco. Aunque no estuvieron presentes físicamente en la sede de la FGR en la Ciudad de México, sus representantes legales formalizaron la denuncia para “participar activamente en la investigación” y aportar elementos adicionales a la carpeta ya abierta por la Fiscalía.
En una conferencia telefónica desde el exterior de las instalaciones de la FGR, Juan Manuel Iglesias expresó: “Presentamos esta denuncia porque queremos que se esclarezcan los hechos y se castigue a los responsables del descarrilamiento”.
El abogado Adrián Arellano, representante de la familia, explicó que la acción legal se basa en observaciones de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) que, desde 2019 hasta febrero de 2025, señalaron irregularidades en los contratos y la supervisión de la obra. “No existe una supervisión adecuada en los contratos”, enfatizó Arellano, quien llamó a las autoridades a ver esta denuncia como una colaboración para el esclarecimiento de los hechos.
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Reacción del Gobierno federal
Durante la conferencia matutina de este lunes, la presidenta Claudia Sheinbaum reconoció el derecho de las víctimas a presentar denuncias, aunque recordó que la FGR ya investiga el caso de oficio.
“La Fiscalía tiene la obligación de investigar y ya hay una carpeta de investigación abierta”, señaló la mandataria, al tiempo que reiteró el compromiso del gobierno para atender a los afectados y garantizar transparencia en las indagatorias.
La denuncia presentada este día podría ser la primera de varias, ya que otros sobrevivientes y familiares de las víctimas han manifestado interés en sumarse a acciones legales similares. Los afectados exigen no solo justicia penal, sino también reparación integral del daño y medidas para prevenir futuros incidentes en este corredor ferroviario estratégico.
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La FGR continúa con el análisis de la “caja negra” del tren y peritajes técnicos para determinar las causas exactas del descarrilamiento, mientras las autoridades federales mantienen el apoyo médico y psicológico a los lesionados, varios de los cuales aún permanecen hospitalizados.
