El Senado de la República analiza una iniciativa que busca prohibir el uso de teléfonos celulares y dispositivos móviles personales en escuelas de educación básica en México, como parte de una reforma a la Ley General de Educación. La propuesta fue presentada por el senador Alberto Anaya Gutiérrez, coordinador del Partido del Trabajo (PT).
La iniciativa plantea modificar el artículo 84 de dicha ley para impedir el uso de celulares, tabletas electrónicas, relojes inteligentes y otros dispositivos móviles durante la jornada escolar, salvo en casos de emergencia o cuando existan necesidades educativas especiales debidamente justificadas.
De acuerdo con el proyecto legislativo, el personal docente y directivo de los planteles estaría facultado para retener temporalmente los dispositivos de los estudiantes durante el horario de clases, con el fin de garantizar el cumplimiento de la medida. Los aparatos deberán ser devueltos al finalizar la jornada escolar.
Al presentar la propuesta desde tribuna, el senador Anaya explicó que la iniciativa responde al uso indiscriminado de la tecnología en las aulas, un fenómeno que, dijo, afecta la atención, la convivencia escolar y el sentido formativo del espacio educativo.
En un comunicado, el legislador señaló que el objetivo central es recuperar a la escuela como un entorno de atención plena, reflexión y desarrollo humano integral, al favorecer la concentración, la lectura, el pensamiento crítico y la interacción directa entre alumnos y docentes.
Asimismo, indicó que establecer límites claros al uso de la tecnología busca proteger el derecho de niñas y niños a una educación de calidad, en un entorno sano y equilibrado, además de reducir riesgos como el ciberacoso, la exposición a contenidos inapropiados y la dependencia a la conectividad constante.
El senador aclaró que la iniciativa no busca frenar el progreso tecnológico, sino garantizar que la tecnología sea un apoyo complementario en el proceso educativo y no un sustituto de la interacción humana en el aula.
La propuesta fue turnada a las Comisiones Unidas de Educación y de Estudios Legislativos, donde será analizada para su eventual dictaminación.
