A más de tres meses de la explosión de una pipa de gas LP en el Puente de la Concordia, en la alcaldía Iztapalapa, el Gobierno de la Ciudad de México informó este domingo que se han concretado 143 acuerdos reparatorios con víctimas directas e indirectas, por un monto total histórico de 480 millones de pesos.
La jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, junto con la fiscal general de Justicia, Bertha Alcalde Luján, presentaron un balance de las acciones institucionales tras el siniestro ocurrido el 10 de septiembre, que dejó un saldo de 32 personas fallecidas y 63 lesionadas. De los 480 millones de pesos comprometidos para la reparación del daño, alrededor del 90%, equivalente a 429 millones, ya ha sido pagado por la empresa Gas Silza, propietaria de la unidad involucrada, que asumió su responsabilidad civil.
El resto se encuentra en proceso de liquidación, principalmente por casos relacionados con daños materiales y trámites sucesorios.
La distribución de los recursos ya erogados incluye 266 millones de pesos para familiares de las víctimas fallecidas, 136.5 millones para las personas lesionadas y 27 millones para afectaciones de otro tipo, como daños psicológicos o materiales.
La fiscal Alcalde detalló que la investigación pericial, con más de 270 dictámenes técnicos, determinó que el conductor de la pipa, Fernando Soto Munguía, quien también falleció, fue responsable directo por exceso de velocidad y pérdida de control en una curva elevada, lo que provocó el impacto contra el muro de contención, la fractura del tanque y una fuga masiva de gas que derivó en el incendio.
Además, se señalaron omisiones de la empresa en la capacitación del operador y la supervisión de jornadas laborales para prevenir fatiga.
Brugada Molina enfatizó que, aunque “ninguna indemnización va a reparar la pérdida de una vida humana”, el gobierno capitalino ha garantizado atención integral, incluyendo más de 1,660 atenciones psicosociales y apoyos emergentes de 40 mil pesos por familia en dos exhibiciones. Como medidas preventivas, se anunciaron modificaciones al Reglamento de Tránsito para restringir horarios y velocidades de pipas con materiales peligrosos, así como el desarrollo de una aplicación para monitorear su circulación a partir de 2026. Las autoridades destacaron que este monto de reparación del daño es inédito en la capital y refleja el compromiso para evitar la judicialización prolongada de los casos.
