El Senado de la República aprobó por unanimidad, con 97 votos a favor, una reforma al Código Penal Federal que redefine el delito de abuso sexual, centrándolo en la ausencia de consentimiento y elevando las sanciones hasta nueve años de prisión.
La iniciativa, impulsada en el marco de los 16 Días de Activismo contra la Violencia hacia las Mujeres, fue enviada al Ejecutivo federal para su publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF), donde entrará en vigor una vez promulgada.
La modificación, que altera los artículos 260 y 266 Bis del Código Penal, transforma radicalmente la tipificación del abuso sexual. De ahora en adelante, se considerará este delito “cualquier acto de naturaleza sexual realizado sin el consentimiento de la víctima”, incluyendo tocamientos, caricias, roces corporales, exhibiciones o representaciones explícitas, ya sea en el ámbito público o privado. La ley deja claro que el silencio, la pasividad o la falta de resistencia física no equivalen a consentimiento, y anula cualquier vicio derivado de violencia, intimidación, engaño, abuso de confianza o situaciones de vulnerabilidad.
Las penas base oscilan entre tres y siete años de prisión, más una multa equivalente a 200 a 500 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA). Sin embargo, estas se agravarán en una tercera parte, hasta alcanzar los nueve años, en casos que involucren violencia física, psicológica o moral; la participación de dos o más personas; comisión en lugares solitarios o despoblados; o cuando exista una relación de confianza, sentimental, familiar, laboral, educativa o religiosa entre agresor y víctima. Adicionalmente, si el perpetrador es un servidor público o figura de autoridad, se aplicará destitución e inhabilitación por un plazo igual a la pena impuesta.
Un avance clave es que el delito se perseguirá “de oficio”, lo que obliga a las autoridades a investigar sin necesidad de una denuncia formal de la víctima, eliminando barreras que históricamente han perpetuado la impunidad.
“Esto es un llamado a no normalizar la violencia de género. En nueve de cada diez casos, la víctima es una mujer”, enfatizó la senadora Lorenia Valles (Morena), durante la discusión en el pleno.
La legisladora sonorense resaltó que la reforma armoniza la definición en todo el país y responde a la alta incidencia de estos crímenes, con el 90% de las víctimas siendo mujeres.
La aprobación llega un mes después del incidente que sacudió al país: el acoso sufrido por la presidenta Claudia Sheinbaum el 4 de noviembre en el Centro Histórico de la Ciudad de México, donde un hombre la agredió físicamente en un acto captado en video. Este suceso catalizó la iniciativa, presentada por la presidenta del Senado, Laura Itzel Castillo (Morena), y la senadora Martha Lucía Micher Camarena, titular de la Comisión para la Igualdad de Género. Ambas legisladoras destacaron que la reforma incorpora estándares internacionales de derechos humanos y obliga al Estado a prevenir, investigar y erradicar la violencia sexual, incluyendo medidas de reparación integral como atención psicológica y talleres de reeducación para agresores.
Desde la oposición, la senadora Carolina Viggiano (PRI) respaldó el dictamen, aunque advirtió que su efectividad dependerá de la capacitación de operadores judiciales y los recursos asignados.
“Celebramos este avance, pero la justicia no se logra solo en el papel; necesitamos implementación real”, señaló.
Bancadas como PAN, PVEM y PT también avalaron la propuesta, reconociendo la urgencia de actualizar un marco legal obsoleto que, hasta ahora, castigaba con seis a 10 años de prisión sin énfasis en el consentimiento.
Esta reforma se alinea con el Plan Integral contra el Abuso Sexual, anunciado por el Gobierno federal el 6 de noviembre, que incluye campañas de sensibilización, fortalecimiento de fiscalías y homologación de tipos penales en estados. Expertos en derechos humanos la han calificado como un “hito” para cerrar brechas en el acceso a la justicia, aunque organizaciones feministas llaman a monitorear su aplicación para evitar revictimización.
Con esta aprobación, México da un paso firme hacia la erradicación de la violencia sexual, recordando que, según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, los delitos sexuales aumentaron un 15% en el último año. El reto ahora recae en la Cámara de Diputados y las entidades federativas para su plena implementación.
