El análisis del ciclo de vida fiscal muestra cómo, en la infancia y la vejez, las personas requieren un mayor gasto en salud y educación, mientras que, en años laborales, tienden a aportar más de lo que consumen. Entender estas dinámicas permitiría priorizar rubros críticos sin desatender la sostenibilidad fiscal a largo plazo.
En ese contexto, el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP), analizó los retos de la sostenibilidad fiscal en México a partir del Paquete Económico 2025, especialmente frente a los desafíos que impone el envejecimiento de la población.
En el documento “Sostenibilidad de la deuda en México. ¿Inicio de la consolidación fiscal?”, el CIEP refiere que, bajo las medidas propuestas, la deuda pública podría reducirse al 43.6% del PIB en 2030. Sin embargo, esto sería posible únicamente si se acompaña tanto de la continuidad del incremento de los ingresos públicos, como de recortes en el gasto aplicados en 2025 a sectores fundamentales como salud, educación e inversión pública, lo que plantea serios desafíos para el bienestar social y la equidad generacional.
El gasto en educación, salud e inversión pública podría alcanzar mínimos históricos hacia 2030, con 2.7%, 2.3% y 1.1% del PIB, respectivamente, lo que podría comprometer el crecimiento económico, la productividad laboral y los ingresos futuros. Además, se estima que, debido al cambio demográfico, las aportaciones netas de la población alcanzarán su máximo en 2030, para luego disminuir debido al envejecimiento de la población. Sin embargo, esto implicaría una mayor demanda de servicios como cuidados, salud y pensiones.
También se destaca que, durante su ciclo de vida, el 50% de los hogares de menores ingresos consume más de lo que aporta, mientras que aquellos de mayores ingresos financian gran parte del gasto público. Además, las mujeres representan solo el 14% de las contribuciones netas debido a desigualdades salariales y baja participación en el mercado formal.
Finalmente, el CIEP resalta la necesidad de implementar políticas fiscales sostenibles y equitativas que distribuyan la carga fiscal de manera justa entre generaciones y géneros, asegurando que los recursos públicos se gestionen eficientemente para responder a los retos demográficos y económicos del futuro.
