La diputada Ana Isabel González González, del PRI, presentó una iniciativa de reforma la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, para que el Estado otorgue apoyos a las hijas e hijos de víctimas de feminicidio.
Precisa que para las hijas e hijos o personas que dependan de la víctima de feminicidio, el Estado deberá garantizar el acceso a apoyos educativos que incluyan becas y programas de tutoría, y asegurar que puedan continuar su educación sin interrupciones, además de ayudas económicas mensuales para cubrir necesidades básicas como alimentación, vestimenta y vivienda.
Agrega que el Estado también debe brindar servicios jurídicos, médicos con cobertura integral de salud y atención psicológica especializada de manera gratuita, para la recuperación de las víctimas indirectas de feminicidio, con apoyo de las diferentes instituciones públicas de manera permanente y garantizar con ello su derecho a la salud física y psicológica, y el acceso a la verdad y a la justicia.
El documento, que modifica la fracción I y III, y adiciona una fracción IV al artículo 26, turnado a la Comisión de Igualdad de Género, considera que la implementación de estos apoyos tiene un costo, pero es una inversión esencial en el futuro de nuestra sociedad, ya que proporciona estabilidad y apoyo a los menores; es decir, no solo cumple con los compromisos de derechos humanos, sino contribuye a la construcción de una sociedad más equitativa y resiliente.
Subraya que en un país donde la violencia de género cobra la vida de tantas mujeres, es responsabilidad moral y legal proteger y apoyar a quienes quedan en vulnerabilidad luego de actos tan atroces.
En México, advierte, la situación de orfandad por feminicidio es alarmante, pues datos de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim) confirman que, entre abril de 2018 y marzo de 2021, se documentaron más de cinco mil niñas, niños y adolescentes que quedaron huérfanos debido a feminicidios.
Sin embargo, para 2024 no existe todavía una cifra exacta de cuántas niñas, niños y adolescentes han perdido a sus madres por actos de violencia. Y a pesar de que el 4 de agosto de 2021 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el acuerdo por el que se expide el “Protocolo Nacional de Atención Integral a Niñas, Niños y Adolescentes en Condición de Orfandad por Feminicidio”, la atención es casi nula o a medias.
Frente a esta situación, enfatiza, es necesaria la modificación propuesta para que se garantice la atención especializada a todas las niñas y niños que han perdido a su madre por este delito, y es momento de que México adopte medidas para un futuro más seguro y justo para la niñez y la adolescencia.
