Por unanimidad, el Pleno del Senado aprobó una reforma al Código Penal Federal que establece hasta 18 años de prisión a los funcionarios que graben, difundan y distribuyan imágenes de cadáveres de mujeres, adolescentes y niños víctimas de violencia; así como a los periodistas, youtubers, personas o representantes de medios de comunicación que lo publiquen.
La reforma contempla multas de hasta 232 mil pesos a quienes incurran en este tipo de prácticas, las cuales, actualmente son recurrentes en casos de feminicidios, donde funcionarios de fiscalías filtran vídeos y fotografías para algunos medios los cuales las publican.
Al respecto y en tribuna la senadora por Morena, Olga Sánchez Cordero, expuso que la reforma al artículo 225 del Código Penal Federal, en materia de delitos cometidos contra la administración de justicia, establece sanciones a quien difunda, entregue, revele, publique, exponga, distribuya, grabe, fotografíe, reproduzca, comercialice, oferte, intercambie, copie o comparta a quien no tenga derecho, imágenes, audios, vídeos o cualquier tipo de información o evidencia que esté contenida en una carpeta de investigación o en un proceso penal, que por disposición legal sea reservada o confidencial.
De igual manera, se busca un incremento en las penas cuando las víctimas u ofendidos sean niñas, niños, adolescentes, mujeres o que la información corresponda a cadáveres.
La propuesta plantea garantizar la seguridad, intimidad, dignidad, protección, bienestar físico y psicológico, de las víctimas u ofendidos, toda vez que la divulgación de información e imágenes de las víctimas de algún delito constituye claramente una lesión a la dignidad de las personas y a la memoria de las víctimas.
Finalmente, la senadora recordó que, en febrero de 2020, se difundieron las fotografías del cuerpo de Ingrid Escamilla Vargas, víctima de feminicidio, en noticieros, diarios, periódicos, y redes sociales, algo de lo que todos y todas fuimos testigos de la exhibición pública del material fotográfico de un ilícito.