En octubre de 2020, se emitió la orden de captura contra Rosario Robles por parte de la Fiscalía General de la República, pero nunca se llevó a cabo su arresto. La exfuncionaria estuvo en prisión desde 2019 debido a su presunta participación en el desvío de fondos públicos por un monto aproximado de 255.6 millones de dólares.
En agosto de 2022, Rosario Robles fue liberada, habiéndose acogido al criterio de oportunidad ofrecido por el Gobierno mexicano para colaborar en la investigación de otros funcionarios involucrados en la llamada “Estafa Maestra“. Su liberación se debió, en parte, a las condiciones de salud que enfrentaba, como hipertensión, rinitis crónica y problemas en la cadera, que fueron debidamente documentados durante su encarcelamiento.
A pesar de la anulación de la orden de aprehensión, la Fiscalía General de la República ha presentado un recurso de revisión para impugnar la decisión del juez federal. Ahora corresponde al Tribunal Colegiado determinar si confirma, revoca o modifica la sentencia.
Este último desarrollo legal añade un nuevo capítulo a la prolongada controversia y proceso judicial que rodea a Rosario Robles y su presunta participación en los delitos financieros. La noticia genera un debate en la opinión pública sobre el sistema de justicia y la lucha contra la corrupción en México, mientras se espera el fallo final del Tribunal Colegiado respecto a la orden de aprehensión.
