La Suprema Corte de Justicia de la Nación decidió, por mayoría de votos, que los delitos fiscales como contrabando, uso de facturas falsas y defraudación, entre otros, no ameritan que las personas procesadas por dichos crímenes sean sujetas a prisión preventiva oficiosa.
El ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena detalló que este tipo de actividades no constituye una conducta de delincuencia organizada, lo cual no significa que deje de ser ilegal. Además, precisó que estos crímenes no tienen como objetivo desestabilizar el Estado de Derecho.
De esta menara, se invalidó el articulo 2º, párrafo primero, fracciones VIII, VIII Bis y VIII Ter, de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, en el que se consideraba que los imputados por crimines fiscales podían ser privados de la libertad mientras esperaban sentencia.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación decidió que la prisión preventiva oficiosa en este tipo de crímenes es incompatible con las garantías de inocencia y libertad individual de la Constitución. De la misma manera, se aprobó reconocer la constitucionalidad del delito de emisión de facturas falsas, ya que, de acuerdo con los magistrados, no viola el principio de taxatividad.
Calificar este tipo de delitos como aquellos que atentan contra la seguridad de la Nación implica crear un régimen de derecho penal del enemigo en el que el presunto delincuente fiscal deja de ser considerado como parte integrante del Estado y se le considera y trata como un enemigo del Estado, incluso sin haber sido juzgado en un proceso penal con todas las garantías”, dice la sentencia de la Suprema Corte.
Entre los pocos magistrados que votaron en contra, la ministra Loretta Ortiz Ahlf señaló que rechaza suspender la prisión preventiva para delitos fiscales, ya que considera que las organizaciones delictivas utilizan este tipo de crímenes para limpiar su dinero y poder operar, por lo que consideró que es un error dicha reforma.
Por su parte, el ministro Javier Laynez Potisek expresó que esta medida cautelar va en contra de la Constitución, pues calificó que, en su momento, el Poder Legislativo aprobó que diversos delitos ameritaban prisión preventiva, pero algunos, como los delitos fiscales, no forman parte de la Carta Magna.
