EU, Canadá y España investigan “movimientos inusuales” de Vargas Valdez: UIF

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos y las unidades de delitos financieros de Canadá y España, investigan “movimientos inusuales” del magistrado del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) José Luis Vargas Valdez.

Cabe recordar que haya dos denuncias en contra de Vargas Valdez por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ante la Fiscalía General de la República (FGR) por presunto enriquecimiento ilícito, lavado de dinero y triangulación de recursos con empresas fachada, que superan los 140 millones de pesos.

De acuerdo con Milenio, el siguiente paso en este proceso será bloquear sus cuentas bancarias, una vez que la UIF obtenga información relevante de otros países, de esta manera la investigación en contra de Vargas Valdez se convertiría en una indagatoria internacional.

Vargas Valdez, fue removido la semana pasada por sus pares del cargo de presidente del TEPFJ, ante lo que Vargas ya presentó un recurso ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Según el periódico, la UIF solicitó apoyo a Estados Unidos, España y Canadá por ser los países a los que Vargas ha viajado con más frecuencia en los últimos años mientras su patrimonio se elevaba de manera inexplicable. México sigue a la espera de la información que le permita ampliar las investigaciones contra el magistrado.

El año pasado, la UIF denunció a Vargas ante la FGR por un monto de más de 36 millones de pesos, mientras que este año la suma ascendió a 106 millones. El 12 de junio, el organismo dirigido por Santiago Nieto Castillo denunció la utilización de empresas fachada para triangular recursos, actividad en la que señaló a la esposa del magistrado, Mónica Bauer Mengelberg, a su cuñado Peter y a las empresas Inmobiliaria Pasavaba, Inmobiliaria Schlafrau, Nerix, Consorcio de Litigio Estratégico y Asesoría Estrategia Total.

El 30 de julio, un juez federal ordenó a la FGR reabrir la investigación contra Vargas por enriquecimiento ilícito de 36.5 millones de pesos, tras haber impugnado la UIF el no ejercicio de la acción penal dictado el 15 de junio por la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (FECC).