Juez asesinado renunció a seguridad y protección porque “no corría peligro”
Uriel Villegas rechazó ante la Comisión de Vigilancia del CJF la protección que se le había otorgado por analizar y dicta sentencias en casos de narcotráfico, lavado de dinero y delincuencia organizada
A pesar de que revisó y resolvió casos relacionados con el narcotráfico, lavado de dinero y delincuencia organizada durante los casi tres años que estuvo en Jalisco, el juez Uriel Villegas, asesinado en su casa el martes junto con su esposa, renunció desde 2019 a las medidas de seguridad y protección que se le habían brindado.
Fue en febrero del año pasado cuando Villegas Ortiz, al considerar que su vida y la de su familia no corría peligro, rechazó ante la Comisión de Vigilancia del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) la protección que se le había otorgado por analizar y dicta sentencias en casos delicados desde 2018.
“Estimo que en la actualidad, dada mi readscripción desde hace casi tres meses al Juzgado Noveno de Distrito de Amparo en Materia Penal en el estado de Jalisco, no existe dato alguno que ponga de manifiesto que me encuentro en un entorno de riesgo".
Esta decisión la tomó Uriel Villegas luego de que dejó de ser juez de procesos penales federales en Puente Grande, Jalisco, y fue nombrado titular de un juzgado de distrito de amparo en materia penal, también es ese estado de la República.
Según consta en registros del CJF, desde 2018 a febrero de 2019, el juez Villegas Ortiz contaba con servicio de protección consistente en vehículo blindado, escolta integrada por seis elementos y prenda de protección personal.
Fuentes judiciales explicaron que fue en respeto a su decisión y a la consideración de su vida privada que desde el CJF se dio el visto bueno a dicha renuncia y se le retiró el servicio de escolta y demás seguridad que se le había asignado.
Este miércoles El Sol de México informó que durante 2019 el CJF recibió 303 peticiones de jueces y magistrados de Jalisco, Nayarit, Tamaulipas, Colima, Guerrero y el Estado de México para que se les asignara alguna medida de seguridad como escoltas, vehículos blindados, ropa antibalas o cambios de adscripción.
De esas solicitudes presentadas por las y los impartidores de justicia, y que fueron revisadas por la cúpula del Poder Judicial de la Federación, 199 fueron autorizadas. Por motivos de seguridad, el CJF no aportó mayores detalles sobre dichas peticiones y sus alcances.
