Los órganos de inteligencia del gobierno federal y de Morelos detectaron siete diputados locales que presuntamente guardan relación con el crimen y otros delitos, entre ellos el petista Alfonso Miranda Gallegos, tío de Santiago Mazari Miranda, El Carrete, líder de la banda Los Rojos en ese estado.
Los informes recabados se dan a un mes de la pesquisa que se iniciaron en esta zona del país, así como en Guerrero y el Estado de México, derivadas de los sucesos de violencia en Iguala 26 y 27 de septiembre, y donde se ha podido establecer el supuesto vínculo de servidores públicos con delincuentes.
El Congreso de Morelos está integrado por 30 legisladores.
Los Rojos son rivales de Guerreros Unidos, este último grupo con presencia en Morelos y responsable de la desaparición en Iguala, Guerrero, de 43 normalistas de Ayotzinapa.
MILENIO tuvo acceso a los informes en los que se detalla la probable relación de Miranda Gallegos con El Carrete, así como de otros legisladores que tienen también vínculos con diversos ilícitos.
Alfonso Miranda fue presidente municipal de Amacuzac durante 2009-2012; los informes señalan que en 2010, efectivos del Ejército mexicano y la Policía Federal se enfrentaron con una banda del crimen organizado en dicha localidad, que dejó un saldo de tres muertos. Tras los sucesos, Miranda Gallegos denunció abusos por parte de los militares, como allanamiento de morada y tortura a los habitantes.
En agosto de 2011, Flavia Domínguez Mariche, de 71 años de edad, denunció penalmente en la Procuraduría de Justicia de Morelos a Alfonso y al hermano de éste, Cándido; sin embargo, la mujer después desapareció.
De acuerdo con la declaración de la hija de la víctima, en el expediente PIO1/569/2012, la denuncia derivó por una persecución que realizó el Ejército para capturar a El Carrete, quien logró ocultarse en la casa de Flavia, a quien amenazó de muerte.
Luego de despistar a los militares, El Carrete cambió sus ropas y dejó joyas, las cuales fueron a reclamar días después Alfonso y su hermano.
En 2012, ya como alcalde electo de Amacuzac, Noé Reynoso Nava denunció al ex edil por amenazas y agresiones a su persona y su familia en su domicilio.
De acuerdo con la denuncia, hombres armados y encapuchados arribaron a la vivienda de Reynosa Nava para amedrentarlo, por lo que se inició la investigación SCO1/141571202.
Un año después, la Procuraduría de Justicia de Morelos comenzó una investigación por la muerte del mando policial de Amacuzac, Justo Buenaventura Jaimes y su escolta, donde uno de los investigados fue Miranda Gallegos.
A comienzos del presente año, la presidenta del Partido del Trabajo en Morelos, Tania Valentina Rodríguez, informó que el diputado Alfonso Miranda enfrentaba un proceso interno por el cual se le suspendieron sus derechos partidistas, a raíz de señalamientos de corrupción como ex alcalde.
El pasado 23 de enero, indican los documentos, Alfonso organizó una fiesta en su oficina ubicada en el interior del Congreso local, donde llegó un grupo norteño y cantaron narcocorridos, acto por el cual no fue sancionado.
Asimismo, en febrero se comenzó una nueva pesquisa contra el diputado, porque se presume que acudió a pagar la fianza del ex policía Pedro Ramos Hernández, detenido por el delito de lesiones dolosas contra un vecino de Amacuzac.
Sin embargo, el 18 de abril Ramos Hernández fue detenido por policías del estado y acusado junto con 23 personas más de cometer varios secuestros en la región sur del estado, incluido un trabajador del cantautor Joan Sebastian, dichos hechos comenzaron a ser investigados por la Procuraduría General de la República.
A esto se suma que el actual alcalde de Amacuzac, Noé Reynoso, responsabilizó públicamente al diputado Alfonso del secuestro de su padre y de la muerte del director de Seguridad Pública, Justo Buenaventura, asesinado al inicio de su gestión.
En septiembre pasado, el Congreso del Estado desechó la petición del fiscal Rodrigo Dorantes Salgado presentada en julio de este año, para retirar el fuero constitucional al diputado petista.
Más legisladores
En el informe también se menciona a diputados locales supuestamente involucrados en otros tipos de ilícitos; uno de ellos es el panista Javier Bolaños Aguilar, a quien se le señala en actos de corrupción durante su paso como titular de la Comisión Estatal de Agua y Medio Ambiente, además de tener negocios con el ex gobernador morelense Sergio Estrada Cajigal.
Bolaños, agrega el documento, no pudo comprobar cerca de 200 millones de pesos; se presume que el dinero fue a parar a negocios personales con Estrada Cajigal, este último contra quien no se actuó en su momento, a pesar de los señalamientos que aseguraban que mantenía una relación sentimental con la hija del capo Juan José Esparragoza, El Azul.
A su vez, Matías Nazario Morales, del PRI, es señalado de comprar voluntades; a su llegada a la entidad se vendió como un alto enviado del Cisen y de tener el apoyo de ex dirigentes de la SNTE. Se cree que participó en el desvío de 10 millones de pesos durante la campaña de Amado Orihuela Trejo al gobierno de Morelos.
Otro mencionado es el priista Manuel Martínez Garrigós, ex dirigente de ese partido y ex alcalde de Cuernavaca, de quien se presume responsable del delito de administración fraudulenta en perjuicio del tricolor y la desaparición de 40 vehículos, entre otras irregularidades.
De igual manera, el ex presidente municipal de Xochitepec, Juan Carlos Rivera Hernández, hoy diputado del PRI, es mencionado por irregularidades económicas durante su trayectoria política.
En tanto, Ángel García Yáñez, del PVEM, es señalado de ser el principal opositor, en 2012, de la Academia de la Policía Federal en Morelos. Ha sido mencionado en supuestos actos de extorsión desde su puesto en la Comisión de Hacienda del Congreso morelense.
La diputada Rosalina Mazari Espín también aparece en la lista, pero solo por el supuesto vínculo familiar que guarda con El Carrete, pero no se le menciona en alguna actividad delictiva.
Comparecencia
Hoy, el comisionado estatal de Seguridad de Morelos, Alberto Capella, comparecerá en el Congreso local, debido a que declaró en medios de comunicación que hay legisladores presuntamente involucrados con la delincuencia.
Los diputados exigieron pruebas de sus dichos, por lo que hoy se tiene previsto que la comparecencia inicie a las diez de la mañana.
Ante medios locales, Capella declaró que tanto funcionarios como la propia ciudadanía, han realizado señalamientos contra el diputado Miranda Gallegos, por lo que cuestionó a los diputados que no hayan pedido explicaciones a su compañero.
