El titular de la Procuraduría General de la República (PGR), Jesús Murillo Karam, dio a conocer que se han solicitado órdenes de aprehensión contra José Luis Abarca, alcalde de Iguala, y su esposa, María de los Ángeles Pineda por su presunta responsabilidad en la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa.
Se tiene plenamente identificados a los responsables de los hechos ocurridos en Ayotzinapa y su captura será crucial para las investigaciones del caso”, señaló el procurador General de la República.
José Luis Abarca, ex presidente municipal de Iguala y su esposa María de los Ángeles Pineda, mantuvieron un vínculo criminal con el cártel de los Beltrán Leyva, confirmó el procurador General de la República Jesús Murillo Karam.
En conferencia de prensa el funcionario indicó que el ex alcalde fue reportado con la clave A-5 como la autoridad que ordenó agredir a los estudiantes de la escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa la noche del 26 de septiembre.
Por esos hechos ya se giró una orden de captura en contra de la pareja y del director de seguridad pública de Iguala, Felipe Flores.
El procurador explicó que las declaraciones de Sidronio Covarrubias, líder de los Guerreros Unidos, fueron fundamentales para establecer el vínculo criminal y la forma como los policías municipales de Iguala y Cocula dispararon contra los estudiantes y luego procedieron a levantarlos para su desaparición.
También, el procurador dijo, que la esposa del edil de Iguala era la principal fuente de financiamiento del grupo delincuencial Guerreros Unidos, con el cual tejió una red de complicidad con la alcaldía y con la Policía de Iguala y la de Cocula.
Murillo Karam informó que hasta el momento hay 52 personas detenidas y consignadas por este caso, entre policías, funcionarios municipales y miembros del grupo delictivo Guerreros Unidos.
El funcionario explicó que también se detectaron errores en el procedimiento de toma de muestras por parte de la fiscalía de Guerrero, por lo que los 28 primeros cuerpos encontrados en nueve fosas resultaron negativos en la comparación con las muestras tomadas a los familiares de los estudiantes desaparecidos.
Asimismo, señalaron que se ha identificado el lugar dónde entregaron a los estudiantes al grupo delictivo; a los policías que incurrieron en los delitos de secuestro y delincuencia organizada, y se investiga a funcionarios municipales por desaparición forzada; también se ha identificado a los tres integrantes de Guerreros Unidos que recibieron a los jóvenes.
jpg
