En 2019 el Gobierno de México anunció el Proyecto Integral Morelos (PIM), el cual consiste en la construcción de dos termoeléctricas en la comunidades de Huexca; un gasoducto de 160 kilómetros de longitud que abastecerá 9 mil millones de litros diarios de gas natural y atravesará más de 60 comunidades de Morelos, Puebla y Tlaxcala. La última parte de este proyecto consta de un acueducto de 12 kilómetros de longitud que transportará diariamente 50 millones de litros de agua del río Cuautla.
Sin embargo, pobladores del municipio de San Andrés Calpan, en Puebla, acusan que los tubos del Gasoducto Morelos fueron instalados en sus tierras sin su permiso, que a los trabajadores de PIM no les importó que en los terrenos hubiera sembradíos o tengan las condiciones para cosechar; además, en algunos sitios policías y militares intimidaron aquellos que se oponían al proyecto.
Periodistas de MTP Noticias informaron que distintos habitantes de las zonas en las que se instalaron los gasoductos están en contra del proyecto, incluso algunos lo llaman “proyecto muerte”.
Según el activista Camilo Técpan, los habitantes de San Andrés Calpan se oponen al proyecto pues acusan que en caso de una evacuación por una emergencia provocada por el volcán Popocatépetl, algunas rutas podrían quedar cerradas, como las de Xalitzintla y San Lucas Atzala, por mencionar algunas. A esto se agrega a que los ductos están enterrados de manera superficial, por lo que acusan que también representa un riesgo.
Sin embargo, todo parece indicar que las obras del Proyecto Morelos que pasan por Puebla ya están por terminarse y en algunas zonas ya finalizaron, por lo que ya se pueden ver los postes pintados de amarillo, mismos que advierten que en dicho suelo no se puede excavar porque pasa el gasoducto.
Las obras estuvieron a cargo de Elecnor y Eneagás, ambas empresas españolas. El gasoducto atraviesa tres estados: Tlaxcala, Puebla y Morelos.
Por su parte, habitantes de Nealtican acusaron que no sirvieron las acciones legales ni las peticiones ni el asesinato de un activista para que el Gobierno de México cancelara el proyecto. En 2019 un juez suspendió las obras en un ejido de Amilcingo, Morelos, pero las obras continuaron.
En 2019 fue asesinado Samir Flores Soberanes, un activista que fue baleado en su casa previo a que se realizará la consulta que aplicó el Gobierno de México a los habitantes de las localidades para preguntarles si estaban de acuerdo o no con la construcción del Proyecto Morelos.
Camilo Técpan señaló que por ahora el gasoducto solo abastece a dos termoeléctricas, pero no duda que pronto se otorguen permisos para construir parques industriales cerca de las zonas por las que pasa la línea de gas.
Señaló que si este escenario se hiciera realidad, entonces las poblaciones y sus habitantes se verán de nueva cuenta afectadas por una industria con la cual no están de acuerdo.
