En un fallo histórico que refuerza la independencia del sistema judicial peruano, la Sala Penal Especial de la Corte Suprema condenó este jueves al expresidente Pedro Castillo a 11 años, 5 meses y 15 días de prisión efectiva por el delito de conspiración para la rebelión.
La sentencia, dictada por dos votos contra uno, se deriva del fallido intento de golpe de Estado perpetrado por Castillo el 7 de diciembre de 2022, cuando anunció la disolución del Congreso y la instauración de un gobierno de excepción.
El veredicto, leído en una audiencia cargada de tensión y seguida por decenas de simpatizantes del exmandatario afuera del penal de Barbadillo donde permanece recluido, marca un hito en la historia reciente de Perú.
Castillo, de 55 años y líder de izquierda que gobernó entre 2021 y 2022, se convierte en el quinto expresidente condenado a prisión en el país, uniéndose a una lista que incluye a Alberto Fujimori, Alejandro Toledo, Ollanta Humala y Alan García (este último fallecido durante el proceso).
El contexto del fallido autogolpe
El 7 de diciembre de 2022, en medio de una inminente moción de censura impulsada por el Congreso, dominado por la oposición, contra su gobierno, Castillo irrumpió en cadena nacional para declarar la “disolución temporal” del Parlamento, la reorganización del Poder Judicial, la intervención del Ministerio Público y el llamado a elecciones para un nuevo Congreso constituyente.
En su mensaje, el entonces presidente invocó “razones de hecho y de derecho” para justificar medidas que, según la Fiscalía, configuraron un grave atentado contra el orden constitucional. Sin embargo, el pronunciamiento no prosperó: las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú rechazaron respaldar el decreto, el Congreso destituyó a Castillo por “incapacidad moral permanente” y el expresidente fue detenido minutos después mientras intentaba refugiarse en la Embajada de México, donde sí obtuvieron asilo su familia y algunos colaboradores cercanos. Horas más tarde, Dina Boluarte asumió la presidencia, desatando protestas masivas que dejaron decenas de muertos y heridos en el país.
La Sala Penal Especial, presidida por el magistrado José Neyra, descartó el delito de rebelión plena, que requiere un alzamiento armado efectivo, debido a la falta de apoyo institucional. No obstante, confirmó la conspiración al considerar el mensaje televisado como una “manifestación expresa” de la intención de Castillo de atribuirse el ejercicio del poder fuera de la Constitución. La Fiscalía había solicitado inicialmente 34 años de cárcel, pero redujo la pena al no probarse la consumación del golpe.
Condenas a excolaboradores y repercusiones
El fallo también impactó a los principales implicados en la conspiración:
- Betssy Chávez, ex presidenta del Consejo de Ministros, recibió la misma pena de 11 años, 5 meses y 15 días. Actualmente asilada en la Embajada de México en Lima desde noviembre de 2023, el tribunal ordenó su ubicación y captura a nivel nacional e internacional
- Willy Huerta, exministro del Interior, fue condenado a 11 años, 5 meses y 15 días, pero con ejecución suspendida
- Aníbal Torres, exjefe de Gabinete de Asesores y primer ministro en ese momento, recibió 6 años y 8 meses de prisión suspendida, considerando su edad avanzada (82 años) por razones humanitarias.
Además, los cuatro condenados deberán pagar de manera solidaria 12 millones de soles (aproximadamente 3.2 millones de dólares) como reparación civil por el daño extrapatrimonial causado al Estado. Dos acusados más fueron absueltos por falta de pruebas.
Durante la última audiencia, Castillo defendió a sus excolaboradores, afirmando:
“Nada tuvieron que ver con esta responsabilidad que es netamente mía”.
Su abogado, Julio Espinoza, anunció que apelará la sentencia, alegando “persecución política” y violaciones al debido proceso. Por su parte, el defensor de Chávez, Raúl Noblecilla, la calificó en redes sociales como “la sentencia de la dictadura”.
Con este veredicto, Perú consolida su reputación como uno de los países con mayor rigor judicial contra sus exlíderes, en un contexto de inestabilidad política que ha visto seis presidentes en ocho años. La apelación podría prolongar el drama, pero por ahora, el capítulo del “autogolpe” de Castillo cierra con barras de hierro.
