El expresidente brasileño Jair Bolsonaro, figura emblemática de la ultraderecha, comenzó formalmente a cumplir una sentencia de 27 años de cárcel por su rol en un intento de golpe de Estado contra la democracia del país.
La Corte Suprema de Justicia (STF) de Brasil declaró firme la condena, agotados todos los recursos de apelación, y ordenó que la reclusión se efectúe en una modesta sala de 12 metros cuadrados en la Superintendencia de la Policía Federal en la capital, Brasilia.
Bolsonaro, de 70 años, no se movió físicamente de su celda improvisada: ya había sido transferido el pasado sábado a esta dependencia policial tras ser acusado de intentar manipular una tobillera electrónica que monitoreaba su arresto domiciliario.
El juez Alexandre de Moraes, relator del caso, determinó el traslado por “elevado riesgo de fuga”, citando el uso de una soldadora casera para dañar el dispositivo de vigilancia.
Fuentes judiciales indican que la decisión de mantenerlo en la sede policial responde a su edad avanzada y a su frágil estado de salud, marcado por secuelas de una puñalada sufrida en 2018 durante la campaña electoral, que le provoca crisis de ansiedad, hipo crónico y vómitos recurrentes. La habitación asignada al exmandatario cuenta con comodidades básicas: una cama, mesa, baño privado, televisor, aire acondicionado y un frigobar.
Bolsonaro ha rechazado el menú estándar para reclusos y se alimenta con platos caseros preparados por su esposa, Michelle, quien lo visitó el lunes. Esta mañana, dos de sus hijos, Eduardo y Carlos, lo visitaron en medio de un clima de tensión familiar y política.
Un veredicto histórico por golpismo
La condena, ratificada por la Primera Sala de la STF, surge de una investigación iniciada en febrero de 2025 por la Fiscalía General, que imputó a Bolsonaro y a más de 30 colaboradores, incluidos exministros y altos mandos militares, por delitos como intento de golpe de Estado, abolición violenta del orden democrático y organización criminal armada. El plan, según la acusación, incluía un esquema para asesinar al actual presidente Luiz Inácio Lula da Silva y a otras autoridades, culminando en el asalto a las sedes de los tres poderes el 8 de enero de 2023 por miles de sus seguidores.
Bolsonaro, un capitán del Ejército en reserva conocido por su retórica incendiaria, siempre negó las imputaciones, alegando persecución política. Sin embargo, la STF rechazó en noviembre un último recurso de su defensa, sellando el fin del proceso. En paralelo, otros condenados en el caso, como los generales Augusto Heleno y Walter Braga Netto, y el almirante Almir Garnier, enfrentan penas de hasta 24 años y ya cumplen sentencia en prisiones militares o civiles, marcando un hito: son los primeros oficiales de alto rango encarcelados por golpismo en la historia democrática de Brasil.
La legislación penal brasileña permite que, en casos graves como este, el recluso cumpla inicialmente el 25% de la pena (unos seis años) en régimen cerrado antes de transitar a semilibertad. De completarla íntegra, Bolsonaro saldría libre con casi 100 años, un escenario improbable dada su condición.
Reacciones
El anuncio ha polarizado al país. Manifestantes antibolsonaristas se congregaron frente a la sede policial en Brasilia, celebrando con cánticos y pancartas con el lema “Justicia por la democracia”.
En redes sociales, aliados del expresidente denuncian un “golpe judicial” orquestado por el gobierno de Lula, comparándolo con la breve detención del actual presidente en 2018 por corrupción (posteriormente anulada).
Mientras tanto, el Partido Liberal (PL), formación de Bolsonaro, convocó protestas en varias ciudades para este fin de semana.
Esta es la cuarta vez que un expresidente brasileño ingresa en prisión desde el fin de la dictadura militar en 1985, subrayando las tensiones persistentes en la joven democracia sudamericana. La reclusión de Bolsonaro no solo cierra un capítulo turbulento de su legado, sino que envía un mensaje firme contra los intentos de subvertir el orden constitucional.
