Las demandas de la Casa Blanca para aumentar drásticamente los arrestos de personas que entraron al país de manera ilegal han llevado a los funcionarios de migración a trabajar a marchas forzadas para cumplir la promesa sobre deportaciones masivas hecha por el presidente estadounidense Donald Trump, informó este miércoles el New York Times.
El Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de los Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) está llevando a cabo redadas en los sitios de trabajo en todo el país como el ocurrido la semana pasada en Los Ángeles que dio inicio a las protestas y a una fuerte respuesta federal, indicó el reporte.
La agencia está escalonando los turnos para que los agentes estén disponibles siete días a la semana con el fin de intentar alcanzar los objetivos de arresto y ha pedido a los investigadores penales, que normalmente se concentran en temas como el tráfico de personas, ayudar a identificar a las personas objetivo. También ha pedido al público que llame para dar información sobre inmigrantes ilegales.
“El trabajo del ICE está siendo apoyado por una nueva aplicación de mapeo que localiza a las personas con órdenes de deportación, las cuales pueden ser expulsadas con rapidez, con información extraída de datos de diversas agencias gubernamentales”, dijo el diario.
Funcionarios de la Casa Blanca señalaron que las medidas que está tomando el gobierno son necesarias.
“Mantener la promesa del presidente Trump de deportar a los extranjeros ilegales es algo que la administración se toma en serio”, escribió Abigail Jackson, portavoz, en un comunicado.
La nueva táctica de arresto del ICE se trata de los llamados “encuentros colaterales”, un enfoque que permite detener a personas indocumentadas sin necesidad de una orden judicial, incluso si no eran el objetivo inicial de la operación. Esta estrategia fue revelada por correos obtenidos por The Guardian.
Los nuevos lineamientos internos del ICE alientan a los oficiales a actuar ante cualquiera que consideren “sujeta a deportación”, sin necesidad de que exista una causa penal concreta.
Ante esto, el Departamento de Seguridad Nacional ha defendido la medida, asegurando que solo se apunta a “inmigrantes ilegales criminales”.
