Un tribunal federal de comercio en Estados Unidos frenó este miércoles los amplios aranceles globales que el presidente Donald Trump impuso, al determinar que excedió los límites de su autoridad presidencial. El fallo, emitido por el Tribunal de Comercio Internacional (ITC) con sede en Manhattan, considera que solo el Congreso tiene el poder exclusivo de regular el comercio internacional, lo que convierte en inconstitucionales las acciones del mandatario basadas en la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA, por sus siglas en inglés).
La sentencia se produce tras una demanda promovida por el Liberty Justice Center en representación de cinco pequeñas empresas importadoras, cuyos negocios se vieron afectados por los gravámenes. Las compañías, que incluyen un importador de vinos en Nueva York y un fabricante de kits educativos en Virginia, argumentaron que los aranceles encarecían sus operaciones y limitaban su competitividad en el mercado estadounidense.
Trump justificó sus medidas arancelarias, incluyendo impuestos de hasta 50% a productos según su país de origen, al amparo de la IEEPA, argumentando que los déficits comerciales del país representaban una “emergencia nacional”. No obstante, el panel de jueces concluyó que los déficits comerciales crónicos –que se han mantenido por casi cinco décadas– no cumplen con el requisito legal de constituir una amenaza “inusual y extraordinaria”.
Entre los aranceles suspendidos se encuentran los del 30% a productos de China, del 25% a ciertos bienes de México y Canadá, y los aranceles universales del 10% sobre la mayoría de las importaciones, conocidos como “aranceles recíprocos”. No se ven afectados, sin embargo, los aranceles específicos sobre automóviles, piezas, acero y aluminio, que fueron aplicados bajo una legislación distinta.
La decisión judicial señala que permitir al presidente aplicar gravámenes de forma generalizada sin control legislativo supondría una cesión indebida del poder del Congreso al Ejecutivo, en contravención de la Constitución. Además, sostiene que la normativa de 1977 no faculta al mandatario a imponer tarifas tan amplias sin justificación específica ni pruebas claras de una amenaza nacional directa.
Tras conocerse el fallo, los mercados financieros reaccionaron positivamente: los futuros del Dow Jones subieron 1.1%, los del S&P 500 un 1.4% y los del Nasdaq un 1.6%, reflejando el alivio de los inversionistas ante la eliminación de las restricciones comerciales.
Desde la Casa Blanca, la administración Trump calificó la decisión como una intromisión de “jueces no elegidos” y defendió su estrategia comercial como un intento legítimo por proteger la economía y restaurar el liderazgo económico de Estados Unidos.
