El gobierno de Donald Trump anunció que exigirá a los migrantes indocumentados en Estados Unidos inscribirse en un registro nacional y proporcionar sus huellas dactilares. Quienes no cumplan con esta medida enfrentarían multas o penas de cárcel, endureciendo su actual condición migratoria, considerada un delito civil.
Según declaraciones de Tricia McLaughlin, portavoz del Departamento de Seguridad Nacional, la política busca incentivar la salida voluntaria de los migrantes:
“Si se van ahora, podrían tener la oportunidad de regresar y vivir el sueño americano”, afirmó.
La medida también obligaría a los padres de menores indocumentados mayores de 14 años a registrarlos. Sin embargo, se estima que pocos migrantes cumplirán con este requisito, dado que Trump ha prometido deportaciones masivas de los más de 11 millones de indocumentados en EE.UU.
El plan ha generado críticas y preocupaciones entre defensores de los derechos humanos, quienes señalan que esta estrategia busca intimidar y facilitar la expulsión de migrantes sin necesidad de redadas masivas.
