La Fiscalía de Georgia, estado bajo control del Partido Republicano al que Donald Trump pertenece, ha presentado 41 acusaciones, incluyendo figuras prominentes como su jefe de gabinete y el exalcalde de Nueva York, Rudy Giuliani. Los cargos se centran en sus intentos de cambiar los resultados de las elecciones de 2020. Si bien Trump ya ha afrontado otras imputaciones, esta vez el estado de Georgia podría marcar un punto de inflexión en su situación legal.
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El historial de cargos de Donald Trump
En un inesperado giro, la Fiscalía de Georgia ha elevado 41 cargos contra Donald Trump, acusándolo de asociación de malhechores en su intento por manipular los resultados electorales. Esta imputación, la cuarta en su contra, destaca por involucrar a figuras prominentes, como su jefe de gabinete y el exalcalde de Nueva York, Rudy Giuliani. Los cargos se centran en sus intentos de modificar los resultados de las elecciones de 2020, lo que añade un nuevo capítulo a las controversias que rodean al expresidente.
En medio de estas imputaciones, el futuro legal y político de Trump se vuelve más incierto. Sumando estos nuevos cargos, enfrenta un total de 119 acusaciones penales, y los casos previos llevan consigo la posibilidad de hasta 199 años de prisión. Estos casos abarcan acusaciones de falsedad documental y retención de secretos de Estado, entre otros.
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La Fiscal del condado de Fulton, Fani Willis, lideró la investigación y subraya que Trump enfrenta la acusación de “asociación de malhechores para cometer delitos penales”. Entre los múltiples intentos del presidente y sus allegados por alterar el resultado electoral, se destaca la famosa llamada telefónica en la que solicitó encontrar votos suficientes para revertir la derrota. Los cargos también incluyen intimidación a funcionarios y manipulación de datos informáticos.
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Más allá de las implicaciones legales inmediatas, esta nueva imputación podría afectar a Trump en el largo plazo. Si es declarado culpable, no podrá usar su potestad presidencial para otorgarse un autoperdón, ya que los delitos estatales no pueden ser perdonados por el presidente. Además, la posibilidad de un juicio televisado en vivo, que sería una novedad en la historia de Estados Unidos, agrega un elemento sin precedentes a esta situación.
