El Día Mundial contra el Trabajo Infantil, que celebramos el 12 de junio, tiene como objetivo servir de catalizador para el movimiento mundial contra el trabajo infantil. Haciendo hincapié en el vínculo entre justicia social y trabajo infantil, el lema en 2023 es “Justicia social para todos. Poner fin al trabajo infantil”.
De acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo, a pesar de los avances que ha habido en la reducción trabajo infantil a nivel global, 160 millones de niños siguen trabajando, lo que representa a uno de cada diez niños en todo el mundo.
El trabajo infantil, presente en toda América Latina, se expandió aún más como consecuencia del empobrecimiento y el deterioro económico social causado por la pandemia obligando a millones de niños a recurrir al trabajo para solventarse a ellos mismos y a sus familias.
Para la OIT, la situación respecto a este fenómeno es producto de una “falta de repuestas satisfactorias a los múltiples retos y cambios que afectan al mundo del trabajo”, indicando que la creciente brecha entre los compromisos y los logros concreto se traducen inacción, en incluso en desinterés.
“Más que nunca, es urgente que todos contribuyamos a aportar soluciones a los problemas cotidianos de la gente, y que lo hagamos de una manera más eficaz y coherente”.
En Perú es legal trabajar a partir de los catorce años en condiciones dignas, “una cuarta parte de la población infantil y de los adolescentes trabajan”, aunque no siempre sea “en las peores formas de trabajo”. La mayoría estudia y trabaja a la vez, pero un cinco por ciento se dedica solamente a laborar.
En esas circunstancias, es habitual “la acumulación de dinero por terceras personas que emplean niños”, señala Nelly Claux, directora del área de calidad impacto de programas de la ONG Save the Children en Perú.
Por su parte, el director de la OIT para México y Cuba, Pedro Américo, reiteró la obligación de México, al ser parte de la Organización, de promover y hacer realidad la abolición del trabajo infantil, donde el gobierno, ONGs y organizaciones civiles deben realizar acciones conjuntas para asegurar la justicia social y erradicar estas violaciones contra los derechos humanos de las niñas y niños.
Segundo lugar
México es el segundo país de América Latina y el Caribe con mayor prevalencia de trabajo infantil, según datos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal).
La última Encuesta Nacional de Trabajo Infantil estimó que de los 28.5 millones de niñas, niños y adolescentes de 5 a 17 años en México, 3.3 millones trabajaban, de los cuales dos millones trabajan en ocupaciones no permitidas y 1.2 millones realizan trabajo clasificado como peligroso.
El 31.6 por ciento de los niños mexicanos que trabajan apoyan en actividades agrícolas, ganaderas, forestales, caza y pesca, 24.5 por ciento en la minería, construcción e industria, y 14 por ciento en comercio, ventas y agentes de ventas principalmente.
En México, la Ley Federal del Trabajo (LFT) prohíbe el trabajo de menores de quince años. Además el tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) obliga a los países a incluir leyes y regulaciones contra el trabajo infantil y prohíbe las importaciones de productos elaborados por niñas y niños.
Un panorama abrumador
En Guatemala alrededor de 900 mil menores, el 17 por ciento del total, trabajan pese a no haber cumplido los 18 años, el 60 por ciento en zonas rurales. El resto lo hace en industria manufacturera, hostelería, restaurantes y comercio, según datos oficiales.
En Nicaragua, hace once años que autoridades no presentan cifras oficiales. Las últimas estadísticas, de 2012, indicaban que había 396 mil 118 niños trabajadores un país de 6.7 millones de habitantes.
El Salvador trabajan 81 mil 164 menores, el 6.1 por ciento del total, fundamentalmente varones del área rural, y 58 mil 7 hacen un trabajo peligroso, además, el 40 por ciento no asiste a la escuela.
En Honduras, antes de la pandemia había 475 mil niños y niñas trabajando, un tercio de ellos en el campo. Hoy esa cifra se ha duplicado.
En Brasil, en 2019 había en Brasil dos millones de niños y adolescentes de entre 5 y 16 años que trabajaban, según cifras oficiales.
En Paraguay, según una encuesta oficial que en 2011 registró la actividad infantil y juvenil, había ese año 1 millón 880 mil 109 niños y adolescentes de cinco a 17 años, lo que representaba el 40.8 por ciento de la población y el 22.4 por ciento de ellos trabajaban.
Finalmente en Bolivia, donde tampoco hay datos posteriores a la pandemia, unos 724 mil menores de entre cinco y 17 años ejercían una actividad ante un empleador o colaboran en labores económicas familiares o comunitarias, según una encuesta oficial de 2019. Un 41 por ciento de estos niños y adolescentes lo hacía en condiciones peligrosas, prohibidas e insalubres.