Proceso
El periódico The Wall Street Journal reveló que agentes del Departamento de Justicia de Estados Unidos han participado en operativos contra el narcotráfico disfrazados como miembros de la Secretaría de Marina Armada de México (Semar).
Los agentes participan en operativos cuatro veces al año y este proyecto está avalado por el Servicio de Alguaciles de Estados Unidos.
Los agentes estadunidenses utilizan armas de la Semar para ocultar su verdadera identidad, según la información publicada por The Wall Street Journal.
Estos operativos son apoyados por agentes de la DEA y el FBI, amén de contar con la aprobación del gobierno mexicano, cita el periódico.
El objetivo de los agentes estadunidenses es ayudar a la detención de los líderes de los cárteles mexicanos.
El periodista Jesús Esquivel, corresponsal de Proceso en Washington, publicó el año pasado el libro La DEA en México, en el que documenta que agentes de dicha corporación operan armados en México, a pesar de que está prohibido por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos:
“Sandalio González, el agente jubilado de origen cubano que dedicó gran parte de su vida al trabajo nacional e internacional en la DEA, dice que la seguridad personal es una parte muy importante en las operaciones antinarcóticos que se hacen en México y en Colombia.
“– ¿Los agentes de la DEA que están en México portan armas?
“–Sí, todos. Todos los agentes llevan armas; sólo el personal de inteligencia de las oficinas de la DEA no, pues son básicamente personas dedicadas a trabajo burocrático y que saben manejar las tecnologías para una investigación; son los que no salen a los lugares donde se realizan las operaciones”.
En septiembre pasado, la organización no gubernamental Desarma México denunció al gobierno de Felipe Calderón ante la Procuraduría General de la República por su probable responsabilidad y/o complicidad en el tráfico de armas promovido por Estados Unidos a México en la operación Rápido y Furioso.
La organización denunció “la pasividad del Estado mexicano y, en su caso, la complicidad de las autoridades que pudieron tener conocimiento, participaron, permitieron e incentivaron el tráfico ilegal de armas desde Estados Unidos a nuestro país, desde el año 2006 y hasta el 2011”
