El gobernador de Puebla, Alejandro Armenta, evitó fijar postura sobre la posible eliminación del delito de ciberasedio en el estado, en medio de la controversia que ha generado esta figura desde su aprobación.
“Nada, los ministros hacen su trabajo. El Poder Judicial ejerce la justicia, el Poder Legislativo crea leyes y el Poder Ejecutivo ejecuta. Hay división de poderes, entonces no tengo nada que comentar”, afirmó el mandatario.
Sus declaraciones se dan previo a la discusión en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que el próximo 14 de abril analizará un proyecto para invalidar el artículo 480 del Código Penal de Puebla, donde se tipifica este delito.
La propuesta fue elaborada por el ministro Giovanni Azael Figueroa Mejía y plantea eliminar esta figura jurídica, vigente desde julio de 2025, que sanciona conductas realizadas a través de medios digitales.
Actualmente, la norma contempla penas de seis meses a tres años de prisión para quien incurra en actos como hostigamiento, intimidación u ofensas reiteradas que afecten a otra persona.
Desde su aprobación por el Congreso local, la llamada “Ley de ciberasedio” ha generado confrontaciones entre partidos políticos, críticas de organizaciones civiles y cuestionamientos por su posible uso para sancionar expresiones en redes sociales.
El proyecto será analizado por el Pleno de la Corte, donde se requieren al menos ocho votos para declarar la inconstitucionalidad del artículo y dejarlo sin efectos.
La resolución definirá si el delito de ciberasedio se mantiene o es eliminado del marco legal en Puebla.
