La reforma a la Ley de Aguas Nacionales, impulsada y presentada este lunes 23 de marzo por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, establece sanciones penales y administrativas estrictas contra la extracción, traslado y venta ilegal de agua nacional mediante pipas.
E“Con la reforma a la ley de agua no se permite la venta de pipas, se sanciona con cárcel y se aplican multas de hasta 230 mil pesos”, precisó el gobierno federal. Las penas aplican exclusivamente a quienes extraen con fines de lucro y de forma clandestina; quedan excluidos productores agrícolas que trasladen agua en sus propias tierras para riego.
La medida forma parte del combate al “huachicol del agua”, que hace tan solo unos días, fue señalado por los directivos de Agua de Puebla y el SOAPAP, como un problema que genera que hasta el 20% de agua potable se pierda antes de llegar a los hogares debido a las tomas clandestinas.
Con la nueva ley, se crea un capítulo específico de delitos hídricos que incluye explotación ilegal, extracción no autorizada y traslado con lucro, lo cual reduciría el “huachicol” a nivel nacional y obligaría a mayor inversión en infraestructura. En el caso de Puebla, demandaría que Agua de Puebla y el SOAPAP inviertan aún más recurso en reparar las tuberías (además del huachicol, reportaron al menos 20% de pérdidas en fugas), y que logren coordinación con Conagua para ampliar la red y el número de plantas tratadoras antes de que se endurezcan las sanciones.
