Integrantes de la 28 de octubre transporte colectivo popular se manifestaron nuevamente en las calles para exigir el respeto a su derecho al trabajo, actividad que señalan han desempeñado por más de 20 años atendiendo las necesidades de movilidad de miles de familias en Puebla.
“Tenemos disposición al diálogo”, expresaron en su mensaje las y los integrantes de la organización 28
Uno de los manifestantes acusó a la Secretaría de Movilidad y Transporte de favorecer al Consejo Taxista y a las grandes empresas como ADO.
También sostuvo que han pedido regularizarse a la dependencia, pero no han sido atendidos.
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Los manifestantes explicaron que incluso realizaron recorridos con unidades eléctricas, atendiendo el compromiso ambiental del Gobierno estatal. No obstante, la Secretaría de Movilidad argumentó que el “taxi convencional” no está legislado para operar como servicio colectivo, catalogando esta actividad como irregular.
También acusaron que el programa de regularización implementado por el Estado no busca mejorar el servicio para la población, sino desplazar a pequeños concesionarios, dejándolos sin posibilidad de competir y entregando sus zonas de trabajo a grupos afines al gobierno.
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Los trabajadores denunciaron además multas superiores a 80 mil pesos, retención de unidades y detención ilegal de operadores, acciones en las que aseguran participan agentes de movilidad y cuerpos policiacos, violentando sus derechos.
Los manifestantes exigieron al gobernador reactivar la mesa de negociación acordada el pasado 14 de diciembre, la cual debía retomarse en enero para avanzar en la regularización del transporte colectivo popular, particularmente en la zona del Periférico.
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Señalaron que defenderán su derecho al trabajo, pues detrás de esta actividad dependen más de mil familias, y que no darán “ni un paso atrás” en su lucha, respaldada por la organización 28 de Octubre, a la cual pertenecen.
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Finalmente, en el marco de su movilización, expresaron su apoyo a causas antimperialistas y antifascistas, y exigieron el cese de la criminalización de las organizaciones populares, así como la libertad del presidente Maduro y su esposa Silvia, quienes según señalaron han sido perseguidos injustamente.
