Tras tres años de trámites legales, la Décima Primera Sala Unitaria de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJ) vinculó a proceso a Jorge N., por los delitos de despojo y contra el orden en el desarrollo urbano, relacionados con la invasión de un predio de 8.5 hectáreas en la zona de La Covadonga.
Así lo informó el apoderado legal de la Fundación Julita y Antonio, Jesús González Schmal, quien detalló que el hecho se remonta al 9 de abril de 2023, cuando un grupo de aproximadamente 50 personas armadas ingresó y ocupó ilegalmente el terreno propiedad de la fundación.
Ante la negativa inicial del TSJ para vincular a proceso al imputado, la Fundación promovió un amparo federal. El Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal concedió la protección y ordenó a la Sala Unitaria reconsiderar todas las pruebas aportadas por la institución y el Ministerio Público de la Fiscalía General del Estado (FGE).
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Con esta resolución, el juez de control deberá fijar fecha para establecer medidas cautelares y determinar el plazo de cierre de la investigación complementaria.
Por otro lado, respecto a un segundo predio invadido con construcciones irregulares, el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y del Trabajo otorgó amparo a la Fundación Julita y Antonio. La sentencia ordena a la Secretaría de Gestión y Desarrollo Urbano del Ayuntamiento de Puebla dar curso a la denuncia ciudadana presentada el 24 de julio de 2025, e iniciar el procedimiento para designar personal que supervise y verifique los hechos denunciados.
La dependencia municipal se había negado previamente a realizar la inspección, por lo que el 13 de agosto de 2025 se recurrió al Poder Judicial Federal, que resolvió favorablemente. Esta decisión obliga al gobierno municipal a actuar conforme a su Código Reglamentario.
El presidente municipal José Chedraui declaró el 9 de diciembre de 2025 que solo actuaría una vez que la autoridad judicial lo indicara, al tratarse de un conflicto entre particulares. Con las resoluciones federales y estatales recientes, se espera que el Ayuntamiento proceda en consecuencia.
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Finalmente, González Schmal lamentó la situación: “Ha sido una experiencia muy triste porque, además, no todos los ciudadanos que sufren de una invasión pueden responder con una defensa legal adecuada”.
La Fundación reiteró su compromiso por recuperar los predios y evitar que casos similares queden en impunidad, exhortando a la ciudadanía a no adquirir terrenos en la zona de La Covadonga sin verificar su legalidad.
