La Auditoría Superior de la Federación (ASF) ha revelado un panorama de presuntas irregularidades en el manejo de recursos públicos en Puebla, con observaciones que superan los mil 200 millones de pesos en total, afectando al Poder Judicial, al Gobierno estatal y a diversas presidencias municipales. Estos hallazgos forman parte de la tercera y última entrega de informes individuales de la fiscalización a la Cuenta Pública 2024, presentada esta semana ante la Cámara de Diputados federal.
El documento, que abarca el último año de la administración anterior a nivel nacional, pone en evidencia posibles daños al erario público derivados de falta de documentación, contratos dudosos y adquisiciones no justificadas.
La ASF, como órgano fiscalizador supremo del país, entrega anualmente sus informes en tres etapas: la primera en febrero, la segunda en junio y la tercera en octubre del año siguiente al ejercicio fiscal auditado. Sin embargo, debido a ajustes en el calendario, la tercera entrega para la Cuenta Pública 2024 se realizó en febrero de 2026. Esta fase incluye revisiones detalladas a entidades federales, estatales y municipales que manejan recursos de origen federal, como participaciones y fondos de aportaciones. En total, la ASF practicó 2 mil 264 auditorías a nivel nacional, detectando irregularidades pendientes de aclarar por más de 65 mil millones de pesos en todo el país, con un enfoque particular en el gasto federalizado transferido a estados y municipios.
En contraste, la Auditoría Superior del Estado de Puebla (ASE) es el ente fiscalizador local, encargado de revisar el uso de recursos estatales y municipales propios, no necesariamente los federales. La ASE opera bajo la Legislatura local y emite sus propios informes anuales, pero en este caso, los hallazgos mencionados provienen exclusivamente de la ASF, que audita el destino de fondos transferidos desde la Federación. Aunque la ASE puede complementar estas revisiones, no es la responsable directa de los informes entregados esta semana.
Anomalías en el Poder Judicial de Puebla
Uno de los puntos más destacados es el presunto daño patrimonial por 1 millón 733 mil pesos en el Poder Judicial del estado, relacionado con el registro de laudos (sentencias laborales o arbitrales). La ASF emitió un pliego de observaciones por la ausencia de documentación justificativa, como estados de cuenta bancarios que acrediten los pagos. Este monto representa un posible perjuicio a la Hacienda Pública Federal, más los rendimientos financieros generados hasta su eventual reintegro.
Además, se detectó una segunda irregularidad en esta entidad, sumando un total de dos observaciones financieras en la revisión.
Irregularidades en el Gobierno estatal
El Gobierno de Puebla, bajo la administración de Sergio Salomón Céspedes en 2024, salió relativamente bien librado en comparación con otros años, con solo 2 millones 380 mil pesos pendientes de aclarar en total, según el informe consolidado. Sin embargo, se identificaron detalles específicos: una observación por 646 mil 987 pesos relacionada con la adquisición de chalecos balísticos. El contrato SA-CECSNSP/DAJN/DAF/ADQ-048/2024 contemplaba 2 mil 454 chalecos y 18 equipos antimotín, pero solo se comprobó la entrega de 2 mil 418 chalecos, dejando 36 unidades sin rastro, lo que genera un posible daño patrimonial.
La ASF calificó la gestión estatal como adecuada en general, contrastando con observaciones mayores en años previos, como los mil 106 millones de 2022.
Presidencias municipales bajo la lupa
Las irregularidades más cuantiosas se concentran en los ayuntamientos poblanos, donde la ASF detectó un total de 927 millones de pesos no aclarados en el ejercicio de recursos federales entre los 217 municipios del estado.
Entre los casos más notorios:
- Puebla capital (administración de Adán Domínguez Sánchez): observaciones por 63 millones 503 mil pesos, incluyendo un posible daño patrimonial de 25 millones 300 mil pesos en un contrato de software, irregularidades en la adquisición de un vehículo por 13 millones y anomalías en contratos de alumbrado público por unos 25 millones. Estas derivan de falta de comprobación y posibles sobrecostos, como parte de la revisión al último año panista en la alcaldía
- Chignahuapan: un posible daño patrimonial por 216 millones 328 mil pesos, principalmente por falta de documentación en el ejercicio de fondos federales, lo que representa una de las observaciones más altas a nivel municipal en Puebla
A nivel nacional, los municipios concentran el 59% de las irregularidades en el gasto federalizado, con problemas recurrentes como la ausencia de comprobantes y mal uso de participaciones federales.
En Puebla, estas observaciones podrían derivar en pliegos de responsabilidades administrativas o sanciones si no se aclaran en las etapas subsiguientes. La ASF ha enfatizado que estos hallazgos no son definitivos, ya que las entidades auditadas tienen oportunidad de solventar las observaciones. No obstante, el informe subraya la necesidad de mayor transparencia en el manejo de recursos públicos. Fuentes periodísticas indican que la Comisión de Vigilancia analizará estos resultados en las próximas semanas, potencialmente derivando en investigaciones adicionales por parte de la ASE a nivel estatal.
Este episodio resalta los desafíos persistentes en la rendición de cuentas en Puebla, donde el cruce de fondos federales y locales sigue siendo un foco de atención para evitar desvíos y garantizar el buen uso del erario.
