El gobernador de Puebla, Alejandro Armenta, manifestó su respaldo a la reforma contra el nepotismo electoral y aseguró que ningún integrante de su familia participará como candidato en los procesos electorales de 2027 y 2030, en concordancia con la postura impulsada a nivel federal.
Armenta subrayó que el nepotismo conduce a la corrupción y genera prácticas que afectan a la ciudadanía, por lo que consideró necesario establecer reglas claras que impidan la concentración de poder dentro de grupos familiares. En ese sentido, llamó a sus primos, sobrinos y otros parientes a dedicarse a otras actividades fuera del servicio público.
Reforma busca evitar herencias políticas
El gobernador explicó que la medida pretende impedir que presidentes municipales u otros funcionarios cedan el poder a esposas, hijos o hermanos, lo que —dijo— convierte a la administración pública en un patrimonio familiar. La regulación contempla restricciones rumbo a las elecciones de 2027 y tendrá efectos más amplios hacia 2030, cuando se renovará la gubernatura de Puebla.
Asimismo, destacó que la reforma establece un periodo de espera para familiares que deseen competir por un cargo, con el objetivo de garantizar condiciones de mayor equidad en los procesos electorales.
Señalan riesgos de cacicazgos regionales
Para ilustrar los riesgos del nepotismo, Armenta mencionó casos en municipios como Tlachichuca, Ciudad Serdán y San Nicolás Buenos Aires, donde —expuso— ciertos grupos familiares se alternaron cargos públicos durante años, lo que derivó en prácticas de cacicazgo.
El mandatario consideró que estas dinámicas provocan vicios en la administración pública y afectan el desarrollo institucional, por lo que la reforma busca romper ciclos de concentración de poder.
Postura alineada con el gobierno federal
Las declaraciones del gobernador se dan en el contexto del posicionamiento de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien ha expresado su rechazo a la sucesión inmediata de familiares en cargos públicos. Armenta reiteró que su decisión no es personal, sino parte de una política orientada a fortalecer la transparencia, evitar la corrupción y dar mayor credibilidad al sistema democrático.
Con ello, afirmó, se pretende que la participación política responda al interés público y no a vínculos de parentesco.
