El Gobierno del estado de Puebla inició una ofensiva jurídica y administrativa para enfrentar lo que calificó como un “saqueo institucionalizado” heredado de administraciones pasadas, principalmente durante el periodo de los gobiernos neoliberales, los cuales –de acuerdo con el gobernador Alejandro Armenta– convirtieron al estado en un “laboratorio de corrupción”.
Durante un posicionamiento público en Ciudad de México, el mandatario estatal afirmó que dichos gobiernos comprometieron recursos públicos que debieron destinarse a sectores estratégicos como el campo, la educación, la seguridad y la infraestructura carretera. “En Puebla se institucionalizó la corrupción y el saqueo durante el periodo de los gobiernos neoliberales”, sostuvo.
Armenta señaló que, a través de esquemas como las Asociaciones Público-Privadas (APP) y los Proyectos de Prestación de Servicios (PPS), se sistematizaron prácticas que derivaron en compromisos financieros de largo plazo para la entidad. “Da vergüenza que lleguen a cargos públicos para hacer un saqueo brutal”, expresó.
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El gobernador subrayó que su administración no persigue personas ni encubre irregularidades, pero tampoco incurre en omisiones, por lo que se actúa por la vía legal para resolver casos que se arrastran desde hace décadas. Como ejemplo, citó el Museo Internacional del Barroco, cuya situación fue resuelta con un pago de 2 mil millones de pesos, lo que, aseguró, representó un ahorro histórico de 8 mil millones para el estado.
Por su parte, el coordinador de Gabinete, José Luis García Parra, detalló que desde el inicio de la actual administración se emprendieron acciones para frenar los compromisos financieros heredados. Explicó que se trabaja en la terminación anticipada de diversos contratos, entre ellos el del Centro Integral de Servicios (CIS), que vence en 2037 y por el cual ya se han pagado más de 2 mil millones de pesos; solo en 2026, dijo, se deben cubrir 259 millones de pesos.
En el caso de Agua de Puebla, García Parra advirtió que una rescisión anticipada del contrato implicaría una indemnización cercana a los 7 mil millones de pesos, lo que representa un reto financiero considerable para el estado.
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El funcionario también reveló que, al inicio del actual gobierno, se encontraron 89 litigios relacionados con obra pública, prestación de servicios, arrendamientos y pagos de facturas. El monto total de las demandas supera los 5 mil 500 millones de pesos, de los cuales 29 ya cuentan con sentencia firme por más de mil 500 millones de pesos.
Finalmente, García Parra aseguró que no se permitirá que servidores públicos ni empresas “se sirvan del gobierno” en un contexto de amplias necesidades sociales. “Pasaremos de deuda oculta, de saqueo, hacia la reconstrucción y recuperación de la grandeza de Puebla”, concluyó.
Esta situación coloca a Puebla ante el reto de sanear sus finanzas públicas mientras enfrenta una pesada carga legal y económica derivada de decisiones tomadas en administraciones anteriores.
