Como parte de los avances sustantivos en la defensa de los derechos laborales y con el objetivo de fortalecer el bienestar de las familias poblanas, el Gobierno de Puebla celebra la entrada en vigor del nuevo salario mínimo general en la entidad.
Esta medida, acorde a los principios de prosperidad compartida, contribuye a la estabilidad financiera en las distintas regiones del estado y fortalece la economía de los hogares a partir de este 1 de enero.
La administración que encabeza el gobernador Alejandro Armenta reconoce que el salario digno constituye una herramienta fundamental para reducir desigualdades y combatir la pobreza laboral. La disposición oficial establece un pago diario de 315.04 pesos, equivalente a un ingreso mensual de nueve mil 582.47 pesos, lo cual representa un avance significativo en la protección del poder adquisitivo de las y los trabajadores.
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Este ajuste surge tras el consenso alcanzado por la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (Conasami), por lo que el Gobierno de Puebla reconoce la determinación del liderazgo de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, para consolidar un modelo económico con enfoque humanista y fortalecimiento al mercado interno. Bajo esta visión, el salario mínimo alcanza una recuperación histórica de 154% en el poder adquisitivo desde el 2018 a la fecha. El incremento actual permite que las familias cubran el costo de dos canastas básicas, un hito que revierte décadas de rezago salarial y coloca al trabajo en el centro del desarrollo nacional.
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Al respecto, el secretario de Desarrollo Económico y Trabajo, Víctor Gabriel Chedraui, explicó que esta política laboral beneficia de manera directa a 1.5 millones de trabajadores en el estado de Puebla. El funcionario destacó que la entidad experimenta una dinamización del consumo interno gracias a la mejora en los ingresos de quienes perciben el sueldo básico. Los datos oficiales confirman que este sector de la población ahora cuenta con mayores recursos para satisfacer necesidades fundamentales de alimentación, salud y educación bajo condiciones de mayor dignidad.
El incremento del 13% respecto al periodo anterior no compromete la estabilidad de los precios ni la competitividad de las empresas locales, afirmó Gabriel Chedraui. La administración estatal mantiene una coordinación permanente con los sectores productivos para asegurar el cumplimiento de esta disposición en todos los centros de trabajo, bajo un marco de diálogo, responsabilidad social y respeto a la ley.
