La autopista México-Puebla permaneció bloqueada este viernes a la altura del kilómetro 72, en el municipio de Santa Rita Tlahuapan, debido a una protesta de ejidatarios que exigen el pago de más de 100 millones de pesos por la expropiación de sus tierras. Los manifestantes denunciaron además la liberación del excomisariado ejidal Carlos N., acusado de haber desviado los recursos federales entregados en 2018 como indemnización por los terrenos.
El cierre total de la vialidad inició la tarde del 7 de noviembre y provocó un colapso vehicular en ambos sentidos, afectando la circulación entre Puebla y Ciudad de México. Los inconformes acusan que el gobierno federal, a través de la entonces Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), entregó más de 170 millones de pesos para compensar a los propietarios afectados por la construcción de la autopista, pero el dinero nunca llegó a todos los ejidatarios.
De acuerdo con los manifestantes, alrededor de 25 campesinos no recibieron el pago correspondiente. La reciente liberación de Carlos N. y otros exintegrantes del comisariado reavivó el conflicto agrario que se arrastra desde hace más de cinco años.
Los ejidatarios demandan que se reabra el proceso judicial contra los presuntos responsables del fraude y que las autoridades estatales y federales garanticen el cumplimiento de los pagos pendientes.
Personal de la Secretaría de Gobernación acudió al punto de la protesta, pero no se logró un acuerdo con los inconformes. Los manifestantes advirtieron que el bloqueo podría mantenerse de forma indefinida hasta recibir una respuesta formal.
Ante la crisis vial, Caminos y Puentes Federales (Capufe) recomendó tomar vías alternas: los conductores con dirección a Puebla pueden desviarse hacia la carretera libre en el kilómetro 63 (Río Frío), mientras que quienes se dirigen a la Ciudad de México pueden hacerlo en el kilómetro 77 (San Salvador el Verde).
La movilización se suma a una serie de protestas previas realizadas en las Casas de Justicia de San Martín Texmelucan y San Andrés Cholula, donde los campesinos han exigido transparencia y justicia por el presunto fraude millonario que afecta a decenas de familias ejidatarias.
