El sector empresarial en Puebla advirtió que hasta un 5% de las empresas podrían cerrar si se aprueban, sin ajustes, las reformas laborales que contemplan la reducción de la jornada a 40 horas semanales y la implementación de la llamada “Ley Silla”, debido al incremento de costos y complicaciones operativas que esto implicaría.
Juan Pablo Cisneros Madrid, presidente local de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco), señaló que, aunque la reducción de la jornada responde a una demanda social legítima, su aplicación sin considerar las particularidades de cada sector generaría afectaciones significativas.
“La jornada de 40 horas es más compleja de lo que parece. En sectores con esquemas de tres turnos o servicios continuos de 12 horas, esta medida genera inflexibilidad, obliga a contratar más personal y eleva los costos, lo cual pone en riesgo la viabilidad de muchas empresas”, afirmó.
Aunque el sector privado no rechaza por completo la reforma, Cisneros pidió que se abra un proceso real de diálogo con autoridades y sindicatos para adaptar la medida a la realidad económica del país. Como propuestas para mitigar el impacto, sugirió permitir la deducción total de la nómina y destinar el 3% del impuesto sobre nómina a programas de capacitación y desarrollo de los trabajadores.
Los empresarios poblanos se manifestaron preocupados por la ampliación de derechos laborales sin una adecuada planeación, ya que consideran que impactará especialmente a las micro, pequeñas y medianas empresas (MiPyMEs), que tienen menos capacidad para absorber el aumento de plantilla que implicaría la reforma.
“Hay que hablar desde la perspectiva económica, porque cada reforma implica un costo. No todas las empresas pueden adoptarlas de forma inmediata”, añadió.
También advirtió que podrían generarse despidos y un aumento en la informalidad, problemática que ya afecta con fuerza al estado de Puebla.
Por su parte, Carlos Sosa, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra) en Puebla, propuso que la transición hacia la jornada de 40 horas sea gradual hasta el año 2030. También planteó la creación de un observatorio de transición laboral y medidas para fomentar la formalidad.
En cuanto a la “Ley Silla”, que obliga a los empleadores a garantizar que los trabajadores cuenten con espacios para sentarse durante su jornada, Sosa explicó que su aplicación total puede ser complicada en algunos sectores industriales, debido a la naturaleza de ciertos puestos.
“No se trata de oponerse, sino de encontrar mecanismos viables para cumplir con la ley sin perjudicar la operación de las empresas. Queremos trabajar por el bienestar laboral, pero también evitar que las empresas caigan en irregularidades por falta de condiciones para implementar los cambios”, puntualizó.
