El coordinador de gabinete de Alejandro Armenta, José Luis Parra García, anunció que se reactivará la propuesta de Ley sobre Ciberseguridad, la cual contempla sanciones de hasta tres años de prisión para quienes ejerzan violencia digital como fraude, espionaje, usurpación de identidad y acoso.
Foto: Anel Esgua / EsImagen
García Parra dejó en claro que la iniciativa no pretende censurar la libertad de expresión, sino combatir actos delictivos. Asimismo, aseguró que no penaliza la crítica legítima, sino las acciones que constituyen violencia directa y comprobable en entornos digitales.
“Estamos todos expuestos, esta ley busca prevenir daños”, dijo.
Recordó que, en noviembre del 2024, cuando era legislador local, presentó esa propuesta y en su momento fue respaldada por todos los grupos legislativos del Congreso, a su vez, destacó que la iniciativa hoy se retoma ante el aumento de delitos digitales.
“Tengo entendido que ya está avanzando el proceso legislativo, estarán convocando la Comisión que tiene este trabajo, seguramente se mejorará y robustecerá”, externó.
El funcionario expuso que al no encontrarse contempladas otras figuras ciberdelictivas se dificulta denunciarlas, investigarlas y sancionarlas, por ello, la importancia de identificarlas y proceder legalmente.
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La propuesta refiere el ingreso de nuevos delitos digitales y sanciones en el Código Penal local, entre las que destacan:
- Usurpación de identidad: la sanción será de uno a cuatro años de prisión y multa de 50 a 200 Unidades de Medida y Actualización; es decir de 5 mil 657 pesos y hasta 22 mil 628 pesos
- Usurpación para hacer un daño económico: la multa será de cinco a 100 UMAS (de 565 pesos, hasta 11 mil 314 pesos) y prisión de seis meses a 10 años
- Delito de cibersasedio: quien a través de la utilización de medios digitales de informática o TICS insulte, injurie, ofenda, agravie o veje a otra persona, con la insistencia suficiente para causarle un menoscabo importante en su salud, la sanción de uno a tres años de prisión y multa de 50 a 200 Unidades de Medida y Actualización, que podría ir de cinco mil 657 a 22 mil pesos.
- Corrupción de menores: hacerse pasar por persona menor de edad, para contactar a niñas, niños y adolescentes ganar su confianza, acosarlos o controlarlos emocionalmente y chantajearlos con fines sexuales.
- Delito de espionaje digital: la persona que se introduzca a un equipo o sistema informático sin la autorización de su legal y legítimo titular o propietario a efecto de conocer su información o documentos personales. La sanción de uno a tres años de prisión y multa 50 a 200 Unidades de Medida y Actualización, que podría ir de 5 mil 657 a 22 mil pesos.
La propuesta establecerá el delito de fraude cibernético:
- Pishing: cuando alguien envíe un mensaje a otra persona haciéndose pasar por una institución financiera. Se trata de cuando señalan una supuesta falla para provocar que la víctima acceda a un link y así obtener su información
- Pharming: quien mediante ventanas emergentes introducidas en sitios web lícitos redirija la legítima navegación de una persona por el ciberespacio para robar información
- Vishing: cuando alguien simule ser empleado de alguna institución financiera. Así, a través de una llamada telefónica, informe un supuesto error e induzca a abrir un link que robe información financiera
- Evil Twins: implementación en redes inalámbricas Wi-Fi que aparentan ofrecer conexiones a Internet tan confiables como las que hay disponibles en diversas empresas lícitas y de servicios, o instituciones públicas y salones de conferencias, para que los usuarios de estas se conecten y esto sirva al primero para robar la información que aquí se ha tratado
Finalmente, García Parra puntualizó que ahora el proyecto dependerá del trabajo legislativo en comisiones y del respaldo de diputadas y diputados.
