La Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra) y el Consejo Coordinador Empresarial (CEE) informaron que se deben investigar a todos los funcionarios del Gobierno de Puebla relacionados con la deuda de 722.3 millones de pesos al Servicio de Administración Tributaria (SAT), así como la fallida inversión en Accendo Banco que dejó una pérdida de 600 millones de pesos al erario poblano.
Héctor Sánchez Morales, presidente de CCE, señaló que estos casos, mismos que sucedieron en el gobierno de Miguel Barbosa Huerta, afectan a las finanzas del estado, además, de que este dinero público se pudo haber invertido en obras de carácter prioritario que beneficiaran a la sociedad, como mayor infraestructura hospitalaria.
Refirió que ambas deudas, pero sobre todo la que se generó por el mal cálculo del pago del ISR de sueldos de 2019 y 2020, tienen que ser investigadas a fondo y castigar a los responsables de este desfalco millonario, ya que se verán afectados otras áreas y programas del Gobierno de Puebla en el pago de esta deuda con el SAT.
El presidente de CCE señaló que el Gobierno de Puebla tendría que tomar ciertas medidas precautorias para que los responsables no renuncien a sus cargos o cambien de dependencia, como fue el caso de María Teresa Castro Corro, quien dejó la Secretaría de Planeación y Finanzas.
Héctor Sánchez agregó que, espera que no sea el caso, pero estas deudas solo podrían ser la “punta del iceberg” y que existen más desfalcos que la sociedad poblana aún no conoce, pues recordó que Teresa Castro no incluye la fallida inversión a Accendo Banco en su comparecencia en el Congreso de Puebla.
A pesar de estas circunstancias, celebró que el gobernador de Puebla, Sergio Salomón Céspedes Peregrina, no haya intentado ocultar la información y que anunciara que se investigan estos casos; sin embargo, Héctor Sánchez consideró que ambos casos afectarán la actual administración estatal, pues los recursos que se destinarán para saldar estas dos deudas reducirán el dinero que se invertirá en obras de infraestructura, salud, seguridad y demás.
Por otro lado, Luis Espinosa Rueda, presidente de Canacintra, coincidió en que el Gobierno de Puebla tiene que realizar una auditoría sobre estos casos, ya que este hoyo financiero afectará a la ciudadanía poblana y a los empresario y comerciantes.
Señaló que muchas áreas se verán afectadas porque Puebla, ni México, es un estado al que le sobran recursos y que los gobiernos pasados, incluyendo a todos los partidos políticos, no han sabido en dónde invertir el erario público, situación que ha generado pérdidas para la sociedad, esto sin contar la corrupción.
Agregó que es normal que en estos casos de desfalco, la sociedad llegue a pensar que se trate de un tema de corrupción. Por lo que se tiene que investigar qué fue lo que sucedió y si hubo una mala administración sobre los recursos del estado, se tendrá que castigar a todos los funcionarios que participaron y tomaron decisiones.
Espinosa Rueda precisó que si tras la investigación se descubre que estas acciones beneficiaron a privados, es decir, que se robó del erario público y por ende serían casos de corrupción, podría servir como ejemplo y fincar responsabilidades penales a todos los involucrados y evitar que este tipo de acciones se repitan.
Además, aseguró que de nada sirve que los funcionarios públicos renuncien, pues señaló que se debe regresar el dinero que usó mal, se desfalcó o se robó y perseguir penalmente a todos aquellos que fallaron en sus puestos como servidores públicos, pero más allá de que estas personas acaben en la cárcel, lo que necesita el Gobierno es recuperar los recursos perdidos.
